Tijuana.— Un enfrentamiento entre jornaleros de la comunidad triqui y elementos de la Policía Estatal Preventiva (PEP) de Baja California (SSP) dejaron un saldo de 70 heridos, entre ellos al menos seis graves, y fueron detenidas cinco personas.

Los hechos ocurrieron la madrugada de ayer, cuando jornaleros intentaron ingresar al campo agrícola Rancho Seco, donde cultivan jitomate, pero un grupo de trabajadores en paro pidieron que no lo hicieran, pues el próximo miércoles se reunirán con el secretario de Gobierno, Luis Enrique Miranda, para tratar un aumento de por lo menos 15% en su salario.

Justino Herrrera, uno de los voceros de los jornaleros en huelga, señaló que al parecer, un mayordomo del rancho llamó a la PEP, cuyos elementos llegaron a la comunidad triqui en Lomas de San Ramón, localizada en la delegación Vicente Guerrero de Ensenada, cerca de las 05:00 horas.

El también líder de la comunidad triqui aclaró que no hubo muertos, pero acusó a los policías de agredirlos.

Lo anterior debido a que, según el reporte de jornaleros, cuando llegaron los policías, los trabajadores corrieron a esconderse entre las calles o sus casas, hasta donde los uniformados ingresaron y los golpearon.

En la zona se observaban columnas de humo, de vehículos oficiales y parcelas quemadas, además de que los manifestantes utilizaron palos y piedras para repeler la acción policiaca, lo que contribuyó a la confusión, que generó que en redes sociales —principalmente— se difundiera que habían fallecido dos o tres jornaleros.

CNDH pide respetar derechos

Tras la información del enfrentamiento, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) desplazó a un grupo de visitadores adjuntos, que trabajan en Tijuana, a los campos en Ensenada, para investigar los hechos.

Además, en un comunicado, pidió al gobierno del estado que cualquier actuación de las autoridades se lleve a cabo con total apego a los derechos humanos y que se cumplan los protocolos de investigación.

Recordó que desde marzo, el organismo mantiene abierta una investigación por la probable violación a los derechos humanos de jornaleros agrícolas en San Quintín, Baja California, y Comondú, Baja California Sur.

El gobernador de Baja California, Francisco Vega de la Madrid, en tanto, hizo un llamado a los jornaleros a restablecer el orden y el diálogo con los gobiernos federal y estatal.

La administración estatal advirtió que no se permitirán actos que atenten contra la seguridad y el libre tránsito de las personas y sus bienes.

En su reporte, la PEP informó que en la calle Lomas de San Ramón, en la colonia Vicente Guerrero, se encontraban varias personas que intentaba ingresar a la fuerza a un rancho ubicado en la zona conocida como triqui, con la intención de incendiar el lugar.

Según la versión oficial, acudieron al sitio indicado donde constataron que varias personas cometían disturbios al incendiar parcelas, por lo cual intervenieron. En el lugar fueron detenidas algunas personas —no se precisó el número—, lo que detonó en agresiones, con un saldo de tres agentes heridos y dos unidades dañadas con piedras, palos, además de que utilizaron gasolina para incendiarlas.

Justino Herrera señaló: “No podemos creer lo que está haciendo el Gobierno del Estado en contra de mi comunidad, ¿por qué vinieron y agredieron a mi comunidad?, no tenían por qué venir a agredirnos. Entonces la reacción de la gente es destruirlos a ellos también”, lamentó.

“¡Vinieron a agredirnos a mi comunidad y eso no se lo vamos a permitir a ningún hijo de la chingada, llámese como se llame la autoridad, que chingue a su madre no van a acabar con nosotros porque peleando de frente a frente a no lo van a lograr”.

En la comunidad triqui de San Quintín viven más de 5 mil personas que se dedican al trabajo en el campo.

Organizaciones campesinas acusaron que la ausencia del subsecretario de Gobierno de la Secretaría de Gobernación, Luis Enrique Miranda Nava, en San Quintín para dar respuesta a las demandas de jornaleros agrícolas desató la violencia.

Max Correa Hernández, secretario general de la Central Campesina Cardenista, aseguró que la policía estatal disparó contra los jornaleros agrícolas inconformes y para justificar la represión, utilizó gente infiltrada que desde el viernes han promovido acciones de provocación.

La bancada del PRD en la Cámara de Diputados deploró la violencia de la fuerza pública estatal que se desató contra jornaleros. Con información de Natalia Gómez Quintero y Juan Arvizu

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