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Mañana, finalmente, los mexicanos deberemos acudir a las urnas para elegir presidente de la República y renovar la totalidad del Congreso de la Unión y varios miles de puestos locales más, entre gobernadores, alcaldes y legisladores locales. Sin embargo, este momento previo a la jornada electoral —histórico sin duda y tan esperado por todos los mexicanos tras unas campañas desesperantes por desaguisadas, vacías de propuestas y abundantes en guerra de lodo— que debiera ser de calma total para la reflexión ciudadana del sufragio, se ve turbado por graves denuncias de compra de voto, uno de los más viles, sucios y al parecer aún vigentes usos políticos mexicanos.
De acuerdo con Acción Ciudadana Frente a la Pobreza (ACFP), integrada por 60 organizaciones como Alianza Cívica, México Evalúa, Cohesión Social y el Instituto Mexicano de la Doctrina Social Cristiana (Imdosoc), a solo unas horas de la jornada electoral que se realizará en todo el país, la compra de intención de voto se ha disparado, al ofrecer hasta 10 mil pesos en efectivo en algunos estados del país, como en Ciudad de México y Jalisco, cantidad que, además, representa el doble del monto que presuntamente se entregaba en mayo, cuando se ofrecían 5 mil pesos como máximo, según un estudio realizado en 30 estados del país. El documento indica que —vaya democracia la nuestra— en todos los estados de la República hay reportes de compra de intención de voto para este domingo, a excepción de Baja California Sur y Durango.
Ante estos hechos cabe preguntarse qué están realizando el INE, el TEPJF, y la FEPADE, quienes deben detener de inmediato esta práctica e incrementar sus labores de fiscalización, investigación y castigo, pues con esto se hace evidente que lo hecho para tal efecto por estas instancias no ha sido suficiente para blindar la elección, por lo que urge redoblar esfuerzos para disuadir esta práctica, investigarla y castigarla debidamente.
Es indignante observar que, de acuerdo con el estudio citado, todos los partidos políticos han incurrido en la compra de intención de voto para este domingo, lo que deja muy mal parado a todo el sistema político, tan desprestigiado de por sí ante la ciudadanía, pero, hay que decirlo, también a la sociedad: esta práctica no sería posible sin la aceptación de la gente. Pero lo más triste es que la venta de su voto para nada ayuda a las personas a superar la pobreza. Y por si faltara algo, es un acto ilegal.
Es momento dejar atrás la compra ilegal del voto, que daña severamente a la joven democracia nacional. Quienes estén pensando en vender su voto, quizás en un acto de protesta ciudadana, bien harían en recordar que el dinero público que hoy se emplea para estos fines proviene, muy probablemente, del presupuesto originalmente destinado a salud o educación.
