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Recientemente, Alejandro Hope, analista de seguridad, escribió una columna en EL UNIVERSAL, llamando la atención sobre el gran reto que tiene el gobierno federal para conformar la Guardia Nacional que, de acuerdo con el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, contará con cerca de 80 mil elementos para finales del año en curso. Hope argumenta que, siendo la Guardia Nacional una institución civil, todos sus elementos deben de acreditar las evaluaciones de control de confianza (ECC), obligadas por ley; condición que crea un cuello de botella, ya que sólo entre 10 y 30% de los candidatos logran acreditar estos exámenes. Hope calcula que, para contratar a 50 mil elementos de seguridad nuevos, se tendrían que realizar en el mejor de los casos cerca de 120 mil ECC durante 2019 (440 diarias); meta que se ve imposible de lograr, considerando las capacidades de los centros de confianza federales y estatales en conjunto. No obstante, la Policía Federal reporta que atiende a 500 personas diarias y aplican cerca de 60 mil de estas evaluaciones anualmente.
Independientemente de que se esté frente a un problema de capacidades, otro problema de mayor trascendencia, a mi juicio, es la falta de validez que tienen las ECC nacionales. En nuestro país, el Centro Nacional de Certificación y Acreditación (CNCA), órgano administrativo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, es el responsable de certificar los procesos de evaluación de los centros de control de confianza de la federación y de las entidades federativas. La batería de evaluaciones de la CNCA está compuesta por: 1) un examen médico toxicológico, 2) una evaluación psicológica, 3) una valoración del entorno socioeconómico y 4) un examen poligráfico. Los resultados de las cuatro evaluaciones se integran en un resultado único integral, que aprueba o rechaza al aspirante; resultado que es inapelable, de acuerdo con la normatividad.
La meta última de las ECC es seleccionar personal con valores, honestidad, vocación de servicio y preparación profesional. Y es aquí donde surge el problema central de estas evaluaciones: saber en qué grado cumplen con su cometido. Creo que la valoración médico toxicológica no tiene problemas, ya que los análisis sanguíneos son bastante objetivos y confiables. Con menor certeza se puede hablar de los estudios socioeconómicos, pero con todo y sus limitaciones se puede conocer, hasta cierta medida, la situación patrimonial del sustentante y su nivel de vida.
Por otro lado, los problemas serios comienzan con el uso de pruebas o tests psicológicos, que buscan conocer ciertos rasgos de personalidad del individuo. Por desgracia, México es un país que se ha quedado rezagado en la investigación y desarrollo de pruebas psicológicas propias. En consecuencia, los psicólogos nacionales, desde hace mucho tiempo, utilizan pruebas psicológicas extranjeras (principalmente, norteamericanas) que se traducen al español y que, en el mejor de los casos, se normalizan con algunas poblaciones mexicanas. Son muy pocos los casos en que estas pruebas pasan por un proceso de validación serio, por lo que se utilizan sin tener las evidencias suficientes para asegurar que sus resultados sean válidos y confiables. En lo particular, las instituciones que aplican ECC no explicitan las pruebas psicológicas que utilizan, ni los criterios para rechazar a un candidato; mucho menos, proporcionan evidencias que demuestren el grado en que dichas pruebas han sido efectivas a lo largo de tantos años de uso.
Finalmente, el polígrafo (detector de mentiras) es una técnica muy antigua y subjetiva cuyo objetivo es conocer el grado de veracidad de las respuestas de las personas entrevistadas. El polígrafo se inventó en 1921 por John Larson y se basa en la medición de varias respuestas fisiológicas de la persona (presión arterial, pulso, respiración y conductividad de la piel) mientras responde a diversas preguntas. Se parte de la creencia que cuando las personas mienten, sus respuestas fisiológicas son distintas. Sin embargo, no existen reacciones fisiológicas precisas de las mentiras, que las distingan de las verdades; razón por la cual los registros del polígrafo no se califican por medios automatizados. Se requiere que los poligrafistas interpreten los resultados de acuerdo con su experiencia. Un problema con esta técnica es que es poco precisa y no puede distinguir a las personas honestas cuando responden con miedo.
En suma, el problema identificado por Alejandro Hope, de las capacidades instaladas para realizar las ECC, resulta menor al problema de la calidad de estos procesos, de los cuales se desconoce su validez y confiabilidad. El problema no es menor, si se considera el gran interés de los narcotraficantes por tener personal dentro de la Guardia Nacional. También representa un problema de derechos humanos, si se considera que muchas personas quedarán fuera de la corporación, sin merecerlo.
Presidente del Consejo Directivo de Métrica Educativa. A.C.
@EduardoBackhoff
