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Como una nueva plaga del Apocalipsis, las extorsiones se vienen a sumar a la serie de males que tienen que enfrentar los ciudadanos del Valle de México y su zona conurbada. Una investigación especial realizada por EL UNIVERSAL expone que al cúmulo de delitos que viene aquejando a los pobladores de la capital y los municipios vecinos del Estado de México, una modalidad ha venido tomando forma como nueva estrategia del crimen organizado: la extorsión, en la que el criminal no necesita de entrada agredir a su víctima, sino sólo basta la intimidación para obtener a cambio un pago de cuota que, en la mayoría de los casos, se convierte en una renta fija que se cobra mes con mes.
Si bien cabría suponer que el hecho de que haya un medio que en teoría vincula al extorsionador con el extorsionado y que es el depósito, los delincuentes se las han ingeniado para reducir al máximo la posibilidad de ser rastreados al momento de cobrar el dinero. Para ello emplean cuentas falsas o provisionales, o bien contratan u obligan a terceros a presentarse a hacer el cobro. Por otra parte, cuentan a su favor con el miedo que generan en sus víctimas, ya que la amenaza de agresión no es sólo directamente contra ellos, sino que se extiende a sus familias, sus casas y su modo de trabajo, como dolorosamente ya se ha constatado ante quemas de vehículos, talleres y otros negocios instalados.
Los pocos transportistas que han decidido solicitar la ayuda de la policía, refieren que no cuentan con respaldo de las autoridades y los que han expuesto la forma en que son extorsionados, corren grave peligro puesto que los delincuentes los tienen ya bien identificados.
Lamentable es saber el caso de una línea de transporte que tuvo inicialmente una promesa de ser monitoreada mediante el C5 mexiquense —y para lo cual se les pidió hacer una inversión en equipo de videovigilancia—, pero posteriormente se enteran que en ningún momento fueron conectados al sistema. Finalmente, aceptan que la única solución que les ha quedado es negociar con los grupos criminales y someterse a sus condiciones de “renteo”, que es como se conoce a la extorsión contra operadores de transporte.
El problema es tan grave que se calcula que afecta hasta un 80% de los concesionarios de transporte de pasajeros del Estado de México, con pérdidas millonarias que hacen ya considerar por su parte la suspensión del servicio al dejar de ser negocio, con la posible afectación a cientos de miles de mexiquenses. Es un foco rojo que es necesario atender ya, siendo uno de los asuntos por los que bien podría comenzar a ocuparse la nueva Guardia Nacional.
