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La primera imagen que se difundió era conocida: a la luz del día, decenas o centenas de personas alrededor de una fuga clandestina cargando todo tipo de recipientes para recolectar el combustible y obtener después algún beneficio ilícito; una escena así se había visto apenas unos días antes en Acambay, Estado de México.
La segunda imagen fue sobrecogedora: había caído la noche cuando la fuga estalló, muchos debieron haber perdido la vida casi de manera inmediata, otros corrieron envueltos en llamas, unos más caminaban ya sin ropa y con la piel quemada. El conteo de víctimas aún no termina y se eleva con cada hora que transcurre.
Se trata de la peor tragedia ocasionada por el robo de combustible, problema que el país enfrenta desde hace más de una década, que escala con el tiempo, que involucra a funcionarios, empresarios, grupos criminales y —ahora se vuelve a confirmar— a una parte de la población.
Por primera vez un gobierno trata de hacerle frente al fenómeno y de erradicarlo, luego de documentar que representa una grave sangría económica para la nación y de haber modificado incluso el mecanismo de distribución con el objetivo de frenarlo.
¿El hecho ocurrido este viernes en el estado de Hidalgo será un atenuante para la comisión del ilícito? ¿Qué impedirá que la ciudadanía deje de involucrarse en el robo?
Quienes perdieron la vida estaban cometiendo un delito debido a que muchas ocasiones habían incurrido en él —en minutos llegaron con tambos y bidones— y nunca nadie había sido llamado por la autoridad a rendir cuentas. El gobierno federal tiene la oportunidad de mandar señales de que el llamado huachicoleo será castigado con todo el rigor de la ley en todos los niveles. La disuasión tiene que comenzar aplicando las sanciones previstas por la normatividad penal.
Hasta la noche de ayer no había investigaciones penales por la explosión, a pesar de que hace unos días se dio el anuncio gubernamental respecto a que los miles de kilómetros de ductos serían vigilados por fuerzas militares. La perforación que se dio en la línea que pasa por el poblado de Tlahuelilpan, aun si fue de tiempo atrás, tuvo que haber sido intencional y debe haber uno o varios responsables.
Si la magnitud de esta tragedia no modifica la permisividad y apatía que por varios sexenios prevaleció frente al problema, si la población no distingue entre lo permitido y lo prohibido y si no se actúa con la fuerza que permite la ley, el país habrá perdido una valiosa ocasión para dar un paso decisivo hacia la legalidad y la eliminación de la impunidad.
