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EL UNIVERSAL da a conocer una serie de entrevistas con varias de las organizaciones civiles que prestan el servicio de apoyo a víctimas femeninas de violencia intrafamiliar, coordinadas por la Red Nacional de Refugios, en las que unánimemente se lamenta y reprueba la iniciativa presidencial de suspender esta valiosa ayuda a las mujeres, en tanto que no se trata sólo de una cuestión económica sino también de un problema de salud pública, que es necesario atender por personal especializado y a partir de un enfoque integral, lo que no encontrarían en un hotel o en la casa de algún familiar, vecino, amigo o compañero de trabajo, que si bien son opciones lógicas, en ocasiones no son precisamente lo más deseable.
En comparación con el caso de las estancias infantiles, en que un amplio sector de la población justifica las medidas adoptadas de recorte presupuestal pues coinciden en que en algunas sí hubo casos comprobados de corrupción (por ejemplo, se registraban más niños de los que en realidad se atendían), en el asunto de la suspensión de los fondos gubernamentales para el sostenimiento de refugios para mujeres maltratadas, hay consenso en que son una prestación necesaria que no debe desaparecer.
Dar un paso en sentido contrario implicaría el cierre de unos 80 refugios distribuidos en todo el país, así como el despido del personal capacitado (psicólogos, médicos, enfermeras, abogados, trabajadores sociales, cocineras) que labora en ellos, desperdiciando así su experiencia y preparación. ¿Dónde más podrían obtener toda esa atención y apoyo especializados en un solo lugar y en el momento en que más lo requieren?
“Una mujer en violencia extrema lo que necesita es resguardar su vida, no dinero”, precisa atinadamente una de las entrevistadas por EL UNIVERSAL. Eso sin contar que mientras que el refugio está ahí a disposición de las víctimas simplemente con hacer acto de presencia y solicitar la atención, en cambio pedir la ayuda en efectivo requerirá invariablemente de hacer primero un trámite, demostrar que se requiere y esperar una aprobación de la autoridad en turno o, en su defecto, que el apoyo económico se entregue sin control alguno a gente que no pudiera realmente necesitarlo.
En este sentido es absurdo pensar que es lo mismo darle dinero a una mujer en situación crítica, que poner a su disposición un albergue para que pueda salir sin temor o incertidumbre de la casa en la que está siendo maltratada.
Tal coyuntura es una invitación al gobierno a repensar algunas de las decisiones que está tomando en nombre de la austeridad republicana, pues en su afán de ahorrar para poder financiar otros propósitos, deja en una casi total desprotección a la mujer por la que tanto dice preocuparse, vulnerando su derecho a vivir libre de violencia.
