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Los asesinatos contra periodistas siguen ocurriendo, el gobierno en turno hace ahora una revisión del mecanismo de protección a comunicadores y la impunidad en estos casos continúa prácticamente sin cambio.
En síntesis, el panorama para los trabajadores de la prensa es el mismo que en la última década.
La noche de este domingo se registró la sexta muerte de un periodista en el año y la séptima desde que inició el actual sexenio. Omar Iván Camacho Mascareño fue hallado sin vida en una carretera del municipio sinaloense de Salvador Alvarado.
Hace tres días se cumplió un aniversario más del asesinato de Miroslava Breach, periodista chihuahuense que abordaba temas de derechos humanos. A dos años del crimen, la fiscalía estatal continúa en proceso de investigación. Práctica que ha caracterizado a los crímenes de periodistas: indagatorias que se eternizan y al final quedan congeladas.
Desde 2012 el Estado promulgó la Ley para la Protección de Personas Defensoras de los Derechos Humanos y Periodistas, con la que se creó un esquema de protección para quienes arriesgan su vida durante el desempeño de su tarea diaria. Ayer se dio a conocer que viene un rediseño al mecanismo y una reforma a la ley.
Uno de los temas que serán revisados es la protección personal con la que cuentan 790 beneficiarios del mecanismo, de los cuales 292 son periodistas y el resto, 498, defensores de derechos humanos. La Secretaría de Gobernación detectó fallas en la empresa que brinda protección; ahora serán elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Policía Federal los que desempeñarán funciones de escoltas.
Como parte de la auditoría que se realizará al mecanismo, tendría que revisarse también si aún está vigente la situación de riesgo para aquellos comunicadores a los que se les proporcionó protección hace años. También sería pertinente evaluar la manera en que se determina la asignación de escoltas, así como garantizar la integridad de ellos. Hay periodistas que deberían contar con seguridad personal y por desconfianza al Estado renuncian a la protección.
Anuncios como el de este lunes han sido escuchados en los últimos años, sin que los resultados hayan disminuido las amenazas a periodistas.
Mientras los gobiernos locales no se involucren de manera completa en la protección al eslabón más vulnerable (los periodistas que laboran en los estados) o en el avance de investigaciones de los asesinatos ocurridos, poco se modificará el clima para que los reporteros realicen su labor de manera segura. Es sencillo, si no se acaba con la impunidad, no habrá solución.
