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No sorprende que los gobiernos en cualquier país del mundo estén conformados por personas afines ideológica y políticamente. En los cargos más importantes no es raro encontrar a funcionarios del primer círculo del mandatario en turno.
A pesar de ello, hay puestos que deben asignarse a especialistas y que requieren de la selección de los mejores perfiles, por ejemplo las carteras de Salud, Hacienda o Ciencia.
La expectativa es incluso que no solo el puesto principal se asigne a un especialista, sino el resto de los cargos. Nada tendrían que hacer economistas en subsecretarías de Salud ni médicos en subsecretarías de Hacienda… o diseñadoras de moda en el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.
Este martes EL UNIVERSAL dio a conocer en su sitio de internet que la persona asignada a la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad de los Organismos Genéticamente Modificados (Cibiogem), con cargo de subsecretaria del Conacyt, no cumplía con el perfil requerido para desempeñar ese encargo.
La comisión referida se ocupa, “al más alto nivel, de establecer las políticas relativas a la seguridad de la biotecnología respecto al uso de los organismos genéticamente modificados”. La evidencia de que el perfil profesional y académico de la persona propuesta no era acorde con el cargo llevó a que el Conacyt revirtiera el nombramiento.
Además, los casos revelados en los últimos días —de inconsistencias en las declaraciones que por ley los funcionarios federales tienen que presentar al inicio de su gestión y después de manera anual— demuestran la importancia de contar con gobiernos transparentes y obligaciones legales en la materia para que medios de comunicación, organizaciones civiles y ciudadanía en general conozcan a quienes desempeñan tareas de gobierno.
Los hechos conocidos también despiertan interrogantes. ¿Los funcionarios actúan de manera dolosa con la esperanza de que a nadie le interese indagar en documentos públicos o de que la polémica que se desate sea efímera y luego de unos días nadie vuelva a tocar el tema? ¿Se trata de erratas a la hora de hacer declaraciones? ¿o quizá los mejores expertos del país en ciertos temas declinan aceptar un cargo público por los topes salariales en el gobierno federal?
Pueden ser varias razones, con intención o sin ella, lo lamentable es que en la opinión pública queda la percepción de que no les importa pasar por encima de la ley o falsear información. Un mal precedente por donde quiera que se le vea.
