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México atraviesa una severa crisis de autoridad, de violencia y criminalidad. Pero también, estrechamente aparejada, una profunda crisis del tejido social en la que, a causa principalmente de la impunidad generalizada y del campeo libre del crimen organizado por el territorio nacional —y en algunos casos también debido a ignorancia y a un abierto desprecio por la ley y la autoridad—, de manera cada vez más frecuente grupos de la sociedad toman justicia por propia mano, en menoscabo del Estado de Derecho, del orden social y, paradójicamente, de la aplicación de la justicia.
Y hablamos no de cualquier “ajusticiamiento”, como algunos osan llamarle, sino de terribles linchamientos, vulgares asesinatos en masa.
En nuestro país, de 1988 a 2017, de acuerdo con un recuento de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), se han presentado 862 casos de linchamientos. Sólo el Estado de México suma 242 “ajusticiamientos”, siendo con ello el primer lugar a nivel nacional; Puebla ocupa el segundo lugar, con un total de 182 casos; el tercer sitio es para la Ciudad de México, con 79; en cuarta posición está Oaxaca, con 60.
Sobresale el estado de Puebla, donde se ha realizado 21.1 por ciento del total de estos linchamientos, entre los que se cuenta el reciente caso del campesino Alberto Flores Morales, de 53 años, y su sobrino Ricardo Flores Rodríguez, de 22, quienes fueron señalados de roba chicos en la comunidad de San Vicente Boquerón y asesinados horas más tarde en la cabecera municipal. Al final se supo que eran inocentes. Y como éste, muchos más casos: en las últimas tres décadas, civiles han hecho justicia por propia mano de manera cada vez más recurrente, sin importar que muchas de las víctimas hayan sido inocentes.
Para autoridades y especialistas en Sicología social, el comportamiento de la muchedumbre dispuesta a mancharse de sangre, sin realmente conocer si son presuntos responsables de algún delito y sin pensar en las consecuencias, es síntoma de un enojo colectivo por la falta de justicia y una crisis de autoridad. La violencia, explican, se da en grupos organizados que al momento de actuar pierden la conciencia del bien común sobre las acciones que ejercen.
La crisis de autoridad que aqueja a grandes franjas del nuestro país deriva en que las personas afecten su moral y tomen decisiones como los linchamientos. Se trata, en el fondo, de una manifestación de malestar social hacia las autoridades, pero no por ello —nunca— se justifican; no deben quedar impunes.
El creciente fenómeno de los linchamientos es una llamada de alerta. Es urgente una reeducación social a largo plazo. Es necesario concienciar a los ciudadanos sobre lo incorrecto e ilegal de tomar justicia por propia mano, en suma, sobre lo atroz de participar, tal cual, en un asesinato tumultuoso.
