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El dinamismo económico y la justa retribución financiera al Estado desde los sectores productivos son factores básicos que garantizan la supervivencia de las sociedades, de las democracias. Es necesario, por tanto, equilibrar la convivencia entre estos fenómenos, de tal modo que los gobiernos sean sustentables y tengan capacidad de cumplir con sus responsabilidades.
Por estas razones, es fundamental que cualquier decisión que se tome desde el poder en este sentido prevea los efectos sobre la competitividad, la economía y las industrias que pueden resultar afectadas. En cualquier caso, existe la certeza de que el impacto sobre las actividades económicas y sus agentes básicos, los ciudadanos, será de gran envergadura, por lo que las precauciones deben ser máximas.
El presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, prometió como candidato que reduciría los impuestos en la frontera norte del país, algo en lo que ha insistido luego de ser reconocido como vencedor de la contienda electoral. Sin embargo, esta iniciativa tiene varios aspectos que deben ser analizados: el dinero que dejará de recaudarse, los abusos que podrían darse por parte de algunas empresas y la necesidad de inversión en aquella zona del país.
De acuerdo con especialistas, la propuesta de López Obrador podría dejar un hueco en las finanzas públicas de entre 83 mil y hasta 104 mil millones de pesos. Se trata de una gran cantidad de dinero que, empleada adecuadamente, puede dar viabilidad a programas públicos de distinta índole, así como un respiro al erario en un contexto económico en el que es indispensable fomentar la competitividad.
La administración federal que encabezará López Obrador tiene como objetivo bajar el IVA de 16% a 8% y el ISR de 30% a 20% en aquella región. Si bien esta medida puede ayudar al crecimiento de la economía interna, lo cierto es que esto puede derivar en que el norte del país que reciba este beneficio se convierta en un nuevo paraíso fiscal, según expertos.
Los estados fronterizos están entre los que padecen mayores problemas de inseguridad. Por ello, es necesario evaluar si reducir los impuestos es consecuente con la falta de condiciones para recibir más inversión que matice la falta de ingresos gubernamentales.
Antes de tomar una decisión definitiva hay que considerar estos elementos con el fin de garantizar que los efectos positivos de una nueva reglamentación sean mayores y se resientan cuanto antes entre los sectores productivos. Por lo demás, es razonable exigir que las disposiciones que entren en vigor, de ser el caso, sean claras, transparentes y fomenten la competitividad en la región para que se garantice el dinamismo económico. Sin estos elementos, la nueva política perdería su razón de ser.
