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La carencia de combustibles y su extracción ilegal de fuentes gubernamentales son dos grandes problemas, asociados uno y otro, que enfrenta nuestro país en estos días. El primero de ellos se resiente en distintos estados de la República y comienza a minar las actividades productivas; el segundo ha lacerado enormemente el patrimonio nacional en los últimos años y ha generado altos costos políticos, económicos y sociales.
En esta perspectiva, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador determinó que para evitar el robo de hidrocarburos debía suspenderse su distribución en el territorio nacional. Esta política recibió el respaldo de personal del Fondo Monetario Internacional (FMI), pero también es vista con escepticismo por autoridades del Banco de México (Banxico) en el terreno del impacto del desabasto en la inflación.
Mientras el FMI argumenta que combatir este crimen es adecuado, manifiesta su apoyo a las iniciativas de combate a la corrupción y que fortalezcan el estado de derecho. Por su parte, el Banxico asegura que la escasez tendrá efectos inflacionarios e impactará en las finanzas del país.
En el fondo, ambas visiones apuntan a que la condición suficiente para que los efectos económicos sean menores es que se vuelva a la normalidad del abasto de combustible, de lo contrario las finanzas públicas serán impactadas en lo inmediato, en el corto plazo. Es decir, los efectos económicos que tendrá la decisión del gobierno federal están supeditados a la normalización de los servicios públicos en la materia.
La lógica económica indicaría que si el gobierno federal no garantiza el abasto de hidrocarburos lo antes posible, efectivamente los costos se trasladarán a las distintas industrias y al resto de la cadena productiva.
Debe destacarse, no obstante, el reconocimiento internacional que ha merecido la iniciativa del presidente López Obrador por parte del FMI. El robo de combustibles en México es el negocio ilegal más rentable después del tráfico de estupefacientes, por lo que es necesario poner el tema en la agenda y emprender acciones en contra del saqueo.
De llevarse a cabo con las medidas adecuadas, la lucha que ha emprendido el gobierno mexicano contra el robo de combustible merece el respaldo necesario que le permita ser exitosa. Se trata de combatir a fondo la corrupción y el saqueo a la empresa estatal más importante, que es Petróleos Mexicanos.
El camino que inició el gobierno federal requiere, sin embargo, cuidado en las formas y procedimientos. El combate al robo de hidrocarburos es fundamental, pero también lo es mantener la estabilidad económica y procurar el bienestar de los mexicanos, de manera que una política de estas características no sea, al final, más costosa de lo previsto.
