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Con la reciente renovación del Congreso de la Unión —que ahora estará formado en ambas Cámaras mayoritariamente por legisladores de Morena— y con el inicio del nuevo gobierno federal el próximo 1 de diciembre, sería exigible que, en congruencia con el discurso anticorrupción del aún presidente electo Andrés Manuel López Obrador —en el que cabe recordar basó prácticamente toda su campaña— se revisaran, y en su caso se sancionaran, presuntos manejos irregulares del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM) —encabezado por Carlos Romero Deschamps— en el uso de varios predios, dos que en su momento fueron donados por Petróleos Mexicanos (Pemex) con un fin determinado —brindar servicios y apoyo a los integrantes del sindicato—; y sobre todo de un tercero, del cual oficialmente no se ha concretado la donación —aunque ya fue “solicitada” por el STPRM—, pero que ya es usado por el sindicato para hacer negocios, pues en el mismo ya existen diversos establecimientos comerciales.
Sobre los dos terrenos ya donados —cabría preguntarse bajo qué criterios—, uno de ellos se ubica en el polígono de la ex Refinería 18 de Marzo, en la Ciudad de México, mientras que el otro está en la ex terminal de almacenamiento y distribución San Rafael, en el municipio de Guadalupe, Nuevo León. Ambos inmuebles fueran dados por Pemex al gremio de trabajadores petroleros con autorización del Consejo de Administración. El tercer terreno, de 12 hectáreas, que en el papel aún pertenece a Pemex y cuya donación la Empresa Productiva del Estado alega no tener en agenda ahora, está ubicado en el municipio de Salamanca, Guanajuato.
En los casos arriba mencionados pareciera que, en algo que podría ser todo un modis operandi, Pemex y el gremio sindical recurren al programa de enajenación de bienes para hacer negocio con la venta de inmuebles.
Por ello urge una revisión exhaustiva a Petróleos Mexicanos y a su sindicato. En años recientes, tras la entrada en vigor de la reforma energética, Pemex ha venido reportando números negativos en sus finanzas y ha estado inmersa en diversos escándalos por presuntos malos manejos económicos y corrupción, por los que incluso la misma cúpula de la empresa ha sido señalada. Por su parte, en el sindicato petrolero claramente siguen imperando la opacidad, mientras su dirigencia continúa dando muestras de riqueza inexplicable y dispendio.
Si de verdad se desea acabar con la corrupción, los sindicatos deben ser transparentados, y prácticas como éstas sancionadas y erradicadas. La tan cacareada Cuarta Transformación Nacional no debe ser selectiva a la hora de aplicar la justicia
