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¿Cómo distribuir 166 millones de medicinas al mes en 2 mil puntos de entrega a lo largo y ancho del país desde nueve bodegas ubicadas en la Ciudad de México? Ese es el reto que tendrá el gobierno federal en las próximas semanas.
Anteriormente el costo de la distribución se incluía en el precio de las medicinas, por lo que compañías distribuidoras recogían, almacenaban y entregaban la mercancía comprometiéndose a que las condiciones del traslado fueran las óptimas para los fármacos.
Ahora, como parte de los cambios que propone el gobierno federal, se determinó que serán instancias públicas las que distribuirán los medicamentos del sector salud, sin que hasta el momento, como dio a conocer el jueves EL UNIVERSAL, se conozca la estrategia para tal fin.
La decisión se toma en medio de la política de austeridad impulsada desde el Poder Ejecutivo y a primera vista parece sencillo pero, de acuerdo con expertos, en el gobierno federal no hay infraestructura ni personal para concretar la tarea, por lo que tendría que recurrir a terceros.
La industria del transporte lo explica de la siguiente manera: un trailer con capacidad de 90 metros cúbicos transporta hasta 100 mil unidades, por lo tanto se requieren 1,660 vehículos en el mes (55 al día) para hacer la entrega de medicinas en los distintos rincones del país, lo cual luce como un trabajo titánico que pone en riesgo el abasto oportuno de medicamentos.
Debido a que antes el costo de la distribución se incluía en el pago de los insumos y ahora lo asumirá el gobierno, la oportunidad de lograr ahorros podría desvanecerse, pues la movilización de millones de productos desde las nueve bodegas ubicadas en la capital del país hasta los sitios más remotos representará la erogación de millonarios recursos.
La nueva forma de hacer las cosas en el sector salud está poniendo en riesgo al último eslabón de la cadena: al paciente. Si los hospitales no pueden otorgar la atención adecuada por la falta de medicamentos, insumos o de personal, las vidas de muchas personas están en juego.
Hay una percepción de que se están colocando en primer lugar la austeridad y el recorte de gastos, aunque eso implique dejar en segundo término a los usuarios de servicios.
No se cuestiona el combate a la corrupción, pero en este caso en específico podría pagarse un alto costo humano por ello.
