El maltrato a jóvenes presos

Por más eufemismos que se quiera aplicar a las cárceles (las llaman desde hace algunos años “centro de rehabilitación social”), diversas organizaciones han documentado los problemas que enfrenta la mayor parte de ellas: autogobierno de los presos, tráfico de drogas, hacinamiento, corrupción de custodios, entre otros.

En los centros de internamiento para jóvenes, conocidos en la capital del país como Comunidad de Tratamiento Especializado para Adolescentes —otro eufemismo— los problemas no llegan a los niveles de los reclusorios para mayores de edad, pero se presentan situaciones que ponen en duda el cumplimiento de los objetivos de este tipo de lugares.

Por primera vez, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) presentó la Encuesta Nacional de Adolescentes en el Sistema de Justicia Penal (Enasjup) y los resultados no son satisfactorios: uno de cada tres jóvenes fue víctima de al menos un delito durante su permanencia en el lugar; el delito más común (84.9%) es el robo de objetos personales y en menor proporción (4%) el abuso sexual.

Pero uno de los datos que muestra las deficiencias del sistema de justicia es que la mitad de los adolescentes sufrieron violencia física durante su detención y fueron objeto de corrupción a lo largo de su proceso penal. De ellos, 87.5% fue pateado o golpeado con las manos y 44.8% fue golpeado con objetos.

Testimonios recopilados por EL UNIVERSAL confirman los datos de Inegi. Mauricio, por ejemplo, fue detenido por policías, amarrado de los pies y colgado del techo para que se declarara culpable de un feminicidio. En otro caso, Fernando de 15 años, fue golpeado y víctima de violencia sicológica para declararse culpable del asesinato de una mujer, de lo contrario sus padres serían detenidos. Su único delito fue vivir cerca de donde se halló el cuerpo de la víctima.

Por la edad de su población, los centros para menores deberían ser un ejemplo de que se puede lograr la reinserción social de quien cometió algún delito, pero no ocurre así. No basta con cambiar el nombre a las cárceles para tratar de crear una falsa imagen de renovación. Para que se cumpla la “rehabilitación” o el “tratamiento especializado” es necesario modificar las estructuras carcelarias de manera completa.

Los datos estadísticos siempre serán útiles para modificar políticas que no cumplen su función. Los centros tutelares tienen ya una herramienta para registrar avances o retrocesos, lo que debería marcar un “antes y después” en la atención de jóvenes que incurrieron en delitos. Las prisiones no pueden seguir como hasta ahora.