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En México aún estamos muy lejos de que el derecho humano al agua, avalado por la ONU en 2010 y reconocido por el Estado mexicano desde 2012, sea una realidad palpable para toda la población.
El tema del agua en México tiene que ver con una red intrincada de intereses, dependencias y problemas complejos, pero sobre todo de ecosistemas, personas, derechos y pueblos.
Miles de personas en nuestro país hoy todavía carecen de acceso a este recurso indispensable para la vida.
Y esto sucede no solamente por una cuestión de escasez —que llega a haberla en algunas zonas del territorio nacional, en determinadas temporadas del año, por cuestiones climáticas y geográficas—, sino principalmente a causa del acceso y distribución enormemente desiguales del recurso, problema ante el cual poco ha hecho el Ejecutivo federal actual.
Por otro lado, irresponsablemente, el Congreso de la Unión tampoco ha cumplido con la obligación de expedir la Ley General de Aguas (LGA), necesaria para implementar y garantizar el derecho al agua.
En este sentido, el Estado mexicano tiene una deuda considerable con quienes aún deben caminar kilómetros para acceder a una fuente de agua potable o con quienes pagan cuotas adicionales por un servicio que debería ser gratuito.
Hoy, por ejemplo, EL UNIVERSAL da cuenta de una fuerte pugna entre dos comunidades oaxaqueñas por el agua, que ha dejado a una de ellas, San Pedro y San Pablo Ayutla, sin acceso al recurso durante los últimos 14 meses, sin que alguna autoridad haya mediado para solucionarlo. Situaciones como ésta visibilizan el manejo inadecuado que en México hemos dado al elemento más importante para la vida.
Por ello, si como se ha anunciado, la gestión integral del agua será uno de los ejes de la política ambiental de la próxima administración, al comienzo de la misma tendrán que revisarse todas las áreas y proyectos del rubro, con miras a impulsar un manejo y aprovechamiento más eficientes del agua y a transitar hacia un modelo de gestión sustentable.
En esa ruta es positivo el anuncio, hecho ayer, de que Blanca Jiménez Cisneros será la próxima titular de la Conagua. La ingeniera ambiental mexicana cuenta con amplias credenciales y muchos años de experiencia, y es especialista en manejo, protección y remediación del agua.
Hoy es incuestionable el derecho que todos tenemos para disponer de agua. La vida digna y el bienestar son impensables sin ella. El Estado mexicano debe cumplir con esta garantía a todos por igual.
