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Las universidades públicas en México son, en la mayoría de los casos, garantía de calidad educativa. Es ahí donde se forma buena parte de los profesionistas en nuestro país y de las cuales egresan quienes dan vida a las industrias productivas. A pesar de que la oferta es limitada, las universidades públicas colaboran en el desarrollo nacional al ofrecer altos estándares académicos a tantos alumnos como les es posible.
Para cumplir con esta labor fundamental, las universidades públicas requieren cuantiosos recursos públicos. La polémica surgida entre el gobierno federal y las casas de estudio de mayor relevancia por el proyecto de Presupuesto de Egresos 2019 es oportuna porque contribuye a la discusión sobre las aportaciones de la educación de nivel superior y la forma en que emplean los recursos que reciben.
Como da a conocer hoy EL UNIVERSAL, un eventual recorte presupuestario a las principales universidades públicas pondría en riesgo los amplios beneficios que ofrecen al país: de las 20 mejores universidades nacionales, 13 son públicas, de las cuales 10 están consideradas entre las mejores de América Latina.
Estas escuelas, en las que se promueve la excelencia académica, son las que recibirían menos recursos que el año anterior, según el proyecto de Presupuesto de Egresos que presentó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a la Cámara de Diputados.
Ante el rechazo de las universidades públicas más importantes hacia esta medida, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció que en el proyecto de presupuesto presentado el 15 de diciembre pasado en el Legislativo se cometió un error en esta materia, mismo que se comprometió a corregir en breve.
Es de reconocerse la sensibilidad del gobierno federal hacia los agraviados, puesto que se muestra en ánimo de diálogo y escucha hacia quienes reclamaron la disminución de recursos. La promesa de mantener el mismo presupuesto del año anterior, con el respectivo aumento inflacionario, es sensata si se toman en cuenta los enormes beneficios que las universidades públicas hacen al país.
Una lección final de este episodio es que las universidades públicas deben realizar mayores esfuerzos por promover la transparencia y la rendición de cuentas. Son conocidos los excesos en los que algunas instituciones educativas incurrieron en el pasado, de modo que deben ofrecer certezas a la ciudadanía sobre el uso que se le da a los recursos públicos de los que disponen. Que esta coyuntura sea una oportunidad para crecer en ese sentido. Hoy, el Congreso tiene la última palabra para el presupuesto de las universidades.
