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Una de las consignas del gobierno que entrará en funciones el 1 de diciembre es terminar con la violencia que azota este país desde hace dos sexenios. Andrés Manuel López Obrador ofrece encarar el problema de manera diferente ante los magros resultados de la estrategia actual, que no es otra que una virtual guerra contra los grupos criminales en la que participan fuerzas militares. Encontrar otra vía hacia la paz es el desafío mayor.
Con ese fin ayer iniciaron los foros que buscan trazar una ruta a la “pacificación y reconciliación” nacional. A las discusiones están convocados expertos, víctimas, miembros de iglesias, representantes de organizaciones civiles y futuros funcionarios, entre otros.
Entre los planteamientos que ha esbozado la próxima administración, como parte de la política para erradicar la violencia, están una amnistía para beneficiar a menores reclutados por narcotraficantes o a campesinos que trabajan en campos de amapola —pero no a torturadores y asesinos—, además de debatir la legalización del consumo de marihuana y del cultivo de la amapola, depurar cuerpos policiacos y retirar gradualmente a los militares de las tareas de seguridad.
Los encuentros para discutir opciones que terminen con la inseguridad no son nuevos. En los últimos años, la situación de criminalidad ha sido discutida de manera extensa por organizaciones civiles y por expertos, en distintos foros. En el sexenio pasado el presidente Felipe Calderón encabezó los llamados Diálogos por la Paz en el Castillo de Chapultepec, en los cuales participó la sociedad civil.
Hay diagnósticos puntuales y propuestas para revertir la situación, pero no se ha dado un golpe de timón. Es necesario pasar de la conversación a la acción.
Luego de que en la última década México ha registrado más de 37 mil desaparecidos y unos 200 mil asesinatos, y de que el año pasado se marcó un récord en la cifra de homicidios dolosos, con 31,174, el país merece una ruta diferente hacia la paz en la que las propuestas se transformen en hechos concretos y no sean únicamente palabras lanzadas al viento.
En cualquier solución, gobierno y ciudadanía llevan los roles más importantes. El Estado tiene que corregir lo que sus partes hacen mal y que contribuyen a perpetuar el problema. La sociedad requiere mirarse al espejo para modificar actitudes que no están dentro de la legalidad.
Atacar la violencia con una estrategia de fuerza y fuego no ha producido los resultados deseados. La política pública que se adopte deberá ser distinta, transparente, creíble y con resultados en el mediano plazo. Nada fácil el reto.
