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La democracia se basa en hacer valer la voluntad de los ciudadanos, quienes se expresan en las urnas por medio de su voto. Ahí es donde un gobernante recibe la legitimidad debida para ejercer el cargo público para el que fue elegido. Esa voluntad ciudadana, respaldada por la legitimidad recibida, da a la persona designada la facultad de tomar decisiones en nombre de sus representados.
Las instituciones dan certeza a una democracia. Los poderes, Ejecutivo, Legislativo y Judicial, tienen el deber de trabajar organizadamente para generar las condiciones necesarias en las que cualquier individuo pueda desarrollarse dentro de la colectividad, en donde le son respetados sus derechos y garantías. De eso se trata la convivencia en el espacio público.
La reflexión es necesaria ante lo ocurrido recientemente en Baja California. En aquella entidad, el Congreso local hizo las reformas debidas para extender injustificadamente el plazo del mandato, de dos a cinco años, del gobernador electo, Jaime Bonilla, de Morena, quien asumirá el cargo próximamente.
El tema no es nuevo. Antes de la elección de gobernador, ocurrida en junio pasado, existía en las instancias respectivas la controversia en favor de ampliar el plazo de la gubernatura que iniciará en noviembre próximo. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) emitió en su momento un fallo en el que confirmó que el plazo del gobierno de Bonilla sería de dos años.
Ante este panorama, los integrantes del Congreso local de Baja California encontraron la vía legal para atropellar un mandato de las autoridades en la materia y, de paso, de los bajacalifornianos. Cualquiera que aspire a determinar el destino de un pueblo tiene que ceñirse a la legalidad; de otro modo, se corre el riesgo de debilitar a las instituciones y a violentar la voluntad ciudadana.
Los habitantes de Baja California no votaron para que Bonilla gobierne cinco años, sino dos; la decisión del Congreso estatal contraviene y atropella este mandato de las urnas. No es lícito cambiar las reglas del juego democrático cuando van en contra de intereses particulares.
Este hecho sienta un peligroso precedente para la democracia mexicana, puesto que cuestiona la razón de ser de la legalidad y los procesos electorales, dos herramientas que existen para contener al poder desmedido. Hay forma de evitar que este despropósito se materialice y las autoridades respectivas tendrán que actuar en consecuencia. Para eso no es la democracia. Y todavía es momento para frenar esta burla.
