Más Información
La Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar) acaba de revelar que enfrenta complicaciones para dar continuidad al programa “65 y más” del gobierno anterior y hacer llegar su dinero a las casi 800 mil personas de la tercera edad consideradas en el mismo. Y es que a la mayor parte de ellos se les ha intentado contactar vía telefónica, apoyándose en bases de datos antiguas, las cuales en su mayor parte y como es de suponer, ya han sufrido modificaciones en el tiempo.
Y es que para mayor complejidad, hace poco se informó que los beneficiarios del programa serán divididos en cuatro modalidades para hacerles llegar su dinero: a quienes sean derechohabientes del IMSS o del ISSSTE a través de su pensión; a través de la tarjeta de Sedesol para quienes fueron afiliados por esa secretaría; por medio de la tarjeta rosa repartida por el gobierno anterior de la Ciudad de México y, finalmente, mediante la tarjeta Bienestar, de nueva creación por la administración actual. Es debido a esta migración que las autoridades han explicado el retraso en el reparto de los fondos.
Como se recordará, el programa de ayuda económica a los adultos mayores comenzó en la Ciudad de México como cumplimiento de promesa de campaña del propio Andrés Manuel López Obrador, cuando éste contendió por la jefatura de gobierno de la capital, y cuya victoria electoral se debió precisamente al apoyo en urnas que recibió por parte de la gente de la tercera edad. Fue tal el impacto de este programa —criticado igualmente en su momento como “populista” por sus opositores—, que posteriormente fue retomado y copiado por el gobierno federal para ofrecerlo a nivel nacional.
Asombra saber que de ese universo de adultos mayores incluidos en el citado programa, sólo en poco más de 300 casos se constató la defunción del titular, lo que a primera vista constituye una cifra bastante baja si se considera el total de usuarios inscritos en todo el país en el “65 y más”.
Ahora, las dificultades que están surgiendo para hacer la entrega de recursos evidencian que se tiene que hacer un buen censo de beneficiarios, labor que supuestamente deberían estar haciendo los coordinadores regionales del nuevo gobierno de la Cuarta Transformación —los célebres superdelegados—, aunque el último recuento que hizo EL UNIVERSAL arrojó que las metodologías que cada uno de ellos aplicaban eran diferentes. Por ello se necesita de instituciones metodológicamente rigurosas —por ejemplo el Inegi— para apoyar en estos censos y dejar a un lado recursos poco útiles y hasta cierto punto absurdos como buscar a los beneficiarios en sitios públicos o seguir llamando a teléfonos viejos.
