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La soprano Montserrat Caballé declarará por videoconferencia por motivos de salud en el juicio en el que se debe ratificar la pena de medio año de cárcel que pactó con la Fiscalía por un fraude fiscal de medio millón de euros (unos 530 mil dólares).
El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (noreste de España) informó hoy de que el Juzgado Penal 13 de Barcelona ha señalado el juicio contra Caballé para el próximo día 15 de diciembre a las 10.00 horas, y ha decidido que declarará por videoconferencia, "por motivos de salud, después de que todas las partes hayan estado de acuerdo".
Montserrat Caballé solicitó en el mes de junio de este año poder declarar por videoconferencia alegando su delicado estado de salud después de que en mayo no compareciera a una anterior vista sin dar ninguna explicación sobre los motivos de su ausencia.
La declaración por videoconferencia de un acusado en un juicio está prevista en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, aunque se trata de una circunstancia poco habitual.
Caballé, de 83 años, ha acreditado que sus problemas de salud le impiden desplazarse al juzgado.
La diva debe hacer una declaración en el juicio para aceptar que defraudó a Hacienda y certificar ante el juez que acepta la pena de medio año de cárcel y una multa de 254 mil 231 euros (alrededor de 269 mil dólares) que pactó con la Fiscalía, tras devolver el medio millón evadido a Hacienda.
La causa abierta a Caballé es fruto de la querella que la Fiscalía de Delitos Económicos presentó el año pasado contra ella, en la que le acusaba de no haber presentado ante Hacienda la declaración de la renta de 2010, alegando falsamente que era residente en Andorra, con lo que había eludido tributar por los ingresos obtenidos en sus recitales y grabaciones.
En concreto, la diva actuó en 2010 en conciertos en España, Alemania, Suiza, Italia, Lituania, República Checa, Rusia y Ucrania, así como en grabaciones musicales en Moscú, Ginebra y Barcelona, por los que ingresó poco más de dos millones de euros (2,11 millones de dólares al cambio actual).
De estos dos millones de euros, 1,5 millones debían haber integrado la base imponible de la declaración de la renta, una vez deducidos los gastos, ya que 439.612 euros se encontraban exentos de gravamen en España.
Pero, según recoge el escrito de conformidad que ella suscribió, figuró formalmente como residente en Andorra "con el deseo de no tributar en la Hacienda Pública española y no ingresar en este organismo público el dinero que le correspondía por este impuesto".
cvtp
