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Los diferentes tipos de plagio académico, penalidades y facultades de las instituciones educativas para su prevención y reparación de daños, fueron algunos de los temas que discutieron varios académicos la noche de este jueves. A partir del proceso de expulsión de Itzel Cisneros Mondragón del doctorado en Letras Hispánicas de El Colegio de México, en el que su defensa legal acudió a las autoridades judiciales, investigadores de algunas instituciones de educación superior del país participaron en la mesa redonda “Plagio académico, ¿asunto de jueces o de profesores”, en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM.
Héctor Vera, del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación (IISUE-UNAM), defendió las atribuciones que las instituciones poseen para analizar y sancionar las faltas a los códigos éticos.
“Lo que debemos hacer es castigar abiertamente. En otros países cuando alguien recurre al plagio y se descubre, se acabó su carrera. Entonces los estudiantes se deben cuidar de no hacerlo”. Sobre las competencias de las autoridades de las distintas universidades ante este tipo de faltas éticas cuestionó: “¿Qué leyes queremos cambiar? O las leyes de derecho de autor o las legislaciones universitarias. Lo que nos corresponde es cambiar las segundas.”
Javier Yankelevich, del Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, defendió las certezas jurídicas que ofrece la intervención del Poder Judicial en los conflictos universitarios.
“Qué bueno que El Colmex se vio obligado a reponer el proceso y a elaborar un extraordinario expediente para justificar su decisión.”
Y abundó: “La judicialización no me parece mal, pero me hubiera gustado ver a la UNAM demandando a Boris Berenzon por los millones de pesos que se devengaron a su favor por parte del Conacyt a paritr de una trayectoria fraudulenta. Siguen saliendo plagios de Boris, son docenas de artículos plagiados. Esa es la judicialización que me hubiera gustado ver. Exigiendo reparación y disculpas.”
En una postura similar, Luis Fernando Granados, de la Universidad Veracruzana, señaló el retraso del marco jurídico de las universidades para resolver este problema: “No hemos sido capaces de hacer algo, salvo códigos de ética que son una llamada a misa”.
Por su parte, Bernardo Ibarrola, de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, expresó las paradojas que representa la intervención del Poder Judicial en temas académicos:
“¿Los jueces podrían dictar sentencias para todos los aspectos del mundo académico desde el certificado de primaria hasta un proyecto de nanotecnología espacial? Necesitarían recurrir a peritos certificados en todas las materias para emitir sus sentencias. ¿Quienes serían esos peritos? Los propios profesores y académicos. ¿Dónde están los especialistas sobre Góngora? Pues en la academia”.
Sobre la posibilidad de que las inconformidades surgidas de las decisiones de la autoridades universitarias sean resueltas por el Poder Judicial, Héctor Vera defendió la autonomía de las instituciones educativas: “Cada campo tiene que defender su espacio. Eso nos corresponde a nosotros. Por eso no estoy de acuerdo en que la intervención de los juzgados sea el camino.”
Esta discusión sobre los alcances jurídicos del plagio académico se dio una semana después de que el EL UNIVERSAL publicara el proceso de expulsión que El Colegio de México inició en agosto de 2015 en contra de su ahora ex alumna Itzel Cisneros Modnragón, quien fue señalada de haber plagiado fragmentos íntegros de la tesis de licenciatura de la investigadora Raquel Barragán Aroche.
