La Fiscalía se ha querellado contra el escritor superventas barcelonés Ildefonso Falcones, acusado de defraudar 1.56 millones de dólares a Hacienda entre 2009 y 2011 al transmitir a sociedades radicadas fuera de España los derechos de autor de sus obras, como "La Catedral del Mar".

En un escrito, el fiscal del servicio de delitos económicos de la Fiscalía Provincial de Barcelona (noreste) Pedro Castro acusa a Falcones, a su esposa y a su hermano de tres delitos contra la Hacienda Pública por "idear y ejecutar" un sistema que les permitió defraudar esa cifra.

La Fiscalía sospecha que Falcones se sirvió de este entramado para ocultar parte de los beneficios que le reportaban sus obras, ya que entre 2009 y 2011 sus rendimientos netos por la explotación de sus obras se elevaron a 4 millones 397 mil 633 euros (4.9 millones de dólares), si bien tan sólo declaró 375 mil 650 euros (420 mil 315 dólares).

Según el ministerio público, durante estos tres ejercicios los ingresos económicos del matrimonio estuvieron constituidos "en su mayor parte" por los rendimientos de la explotación de los derechos de autor de Ildefonso Falcones.

Derechos de sus obras "La Catedral del Mar" -traducida a 15 idiomas y de la que e han vendido siete millones de ejemplares en todo el mundo-, "La Mano de Fátima" y "La Reina Descalza", tanto por las ediciones españolas como por las extranjeras.

Para evitar el "pago debido" de sus obligaciones tributarias por sus ingresos económicos, la Fiscalía considera que el matrimonio ideó y ejecutó un sistema por el que transmitió los derechos de autor de las obras de Falcones a entidades no residentes en España, en concreto, a República Dominicana.

En su escrito, el fiscal detalla que, a partir de los datos de la editorial Random House -en su calidad de firma editorial respecto a las obras en castellano y catalán de Falcones y de agente literario sobre las traducciones a lenguas extranjeras-, el rendimiento neto de la explotación de la obra literaria del autor es mucho mayor que la declarada.

Y pide que el juez de instrucción cite como imputados a los tres querellados y que se les exijan fianzas o, en su defecto, se le embarguen bienes en cantidad suficiente para cubrir por entero el pago de las cuotas supuestamente defraudadas.

rqm

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