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Los altos índices delictivos fueron invocados, una y otra vez, para justificar las reformas constitucionales sobre la Guardia Nacional y la ampliación de la prisión preventiva obligatoria. “La crisis es grave y requiere de acciones extremas”, se repitió desde el gobierno federal con el ánimo de apresurar las reformas que buscaban perpetuar el estado de excepción en la Constitución. Sin duda, la crisis es grave y ha alcanzado a todos. Las mujeres no somos la excepción.
A la par del crecimiento de la violencia en general, ha aumentado la cometida contra las mujeres. Además, como ha señalado Estefanía Vela, los patrones de violencia hacia las mujeres, han cambiado. Por ejemplo, hoy los homicidios de mujeres ya no tienen lugar principalmente en la casa, sino que suceden en el espacio público. Pero lo que sucede en las casas sigue teniendo una magnitud escalofriante. Según la ENDIREH (2016), 19 millones de mujeres (44%) reportaron haber sufrido violencia de pareja a lo largo de su relación, 7.7 millones violencia física. De estas, 3.5 millones fueron golpeadas con el puño o algún objeto, 1.2 millones sufrieron asfixia, 625 mil fueron acuchilladas y 171 mil reportaron un disparo.
La premura de la 4T para hacer frente a la violencia en el país, sin embargo, no se ha reflejado en la adopción de políticas públicas para proteger a las mujeres. Al contrario, la cancelación del programa de estancia infantiles y de los refugios para mujeres víctimas de violencia pegan justo en la prevención de violencia hacia las mujeres y de atención a ellas cuando son víctimas.
En el caso de las estancias, la desaparición del programa se anunció de un día para otro. Ante el alud de quejas que siguieron, el gobierno prometió dar apoyos económicos directos para poder pagar guarderías o contratar a cuidadoras. ¿A cuántas mujeres alcanzarán estos apoyos? ¿Se usarán estos recursos para el cuidado de los pequeños? No sabemos, pero es probable que la decisión afecte las posibilidades de trabajo de miles de mujeres, pues lo más común es que ellas sean las responsables del cuidado de los menores. Eliminar la instancias de cuidado de menores también tendrá efectos negativos en términos de violencia contra las mujeres, ya que contar con ingresos propios es una de las variables más importantes para no ser víctima de la violencia intrafamiliar. Eliminar el programa de estancias es pues eliminar un programa que previene, en forma indirecta pero importante, la violencia doméstica.
También se anunció la suspensión de financiamiento de refugios para mujeres víctimas de violencia extrema. Además de dar albergue temporal a mujeres (y a sus hijos) que huyen de la violencia en casa, estos refugios ofrecen servicios especializados (médicos, jurídicos, psicológicos) para ayudarlas a rehacer sus vidas. Se trata de lugares que para muchas significan la diferencia entre la vida y la muerte, cuya instalación y mantenimiento además constituyen una obligación del Estado según la ley. Nuevamente, ante las críticas por la cancelación de fondos para los refugios se aseguró la entrega directa de recursos a las víctimas. También se prometió mantener los refugios gubernamentales, aunque estos solo constituyen la mitad de los existentes y, como han señalado varias organizaciones, tienen el problema de compartir el estigma y desconfianza que existe hacia otras autoridades del país. El resultado: menos y peor atención para atender a mujeres víctimas de violencia.
En su afán por arrinconar y desaparecer a las organizaciones de la sociedad civil, el gobierno de AMLO ha convertido a las mujeres en daños colaterales; sacrificios necesarios para lograr un gobierno sin trabas, sin oposición. Cada día parece más que, en la visión de la nueva administración, la seguridad de los mexicanos exige el sacrificio de los derechos y la democracia “sin intermediarios”, el de la vida e integridad física de las mujeres.
División de Estudios Jurídicos CIDE.
@ cataperezcorrea
