Es desconcertante que el presidente López Obrador haya decidido hacer de la Guardia Nacional un cuerpo militar y no civil. Como en los sexenios pasados, estamos ante el escenario de tener a los militares a cargo de la seguridad pública del país a corto y largo plazos. El presidente tenía una oportunidad de oro para hacer realidad sus promesas de campaña de desmilitarizar al país, formar instituciones civiles confiables y regresar al país a un estado constitucional. En lugar de ello optó por la vía fácil: entregar —de forma permanente— la seguridad pública a las Fuerzas Armadas. El anuncio de un militar en activo como cabeza de la Guardia y las declaraciones de Alfonso Durazo sobre la incorporación de elementos de Ejército y Marina en activo —y sin licencia— no dejan duda de ello.
Si se aprueban las normas secundarias que comenzaron a circular la semana pasada, lo hará además estableciendo condiciones de discrecionalidad para el uso de la fuerza, opacidad sobre su actuación y amplísimas facultades que ponen en riesgo las libertades y seguridad jurídica de las personas. La propuesta de Ley Nacional sobre el uso de la fuerza contiene definiciones vagas que en nada ayudan a que ciudadanos o autoridades entiendan cuándo y cómo puede usarse la fuerza letal o no letal. La propuesta de Ley de la Guardia Nacional a su vez dota de facultades de todo tipo a sus elementos. Entre muchas otras, establece la de “llevar a cabo operaciones encubiertas y de usuarios simulados para la prevención e investigación de delitos” y obtener información de operadoras telefónicas para georreferenciar equipos para prevenir delitos. La Ley no habla de investigación de delitos sino de la prevención de los mismos. Es decir, cualquier persona puede ser objeto de espionaje con el fin de prevenir delitos. Adiós Cisen, hola Guardia Nacional Militar.
Peor aún, entre los principios que rigen el actuar de la Guardia no está incluida la transparencia. Esto es muy preocupante dada la extensa presencia que se pretende en el país, y la conformación de la Guardia por un elevado número de policías militares y navales entrenados en una lógica de guerra.
Desde hace ya 5 años el Ejército mexicano oculta el número de civiles muertos y heridos en enfrentamientos (a pesar de que otras instituciones como la Policía Federal y la Semar hacen pública esta información). No sabemos cuántas personas murieron a manos del Ejército durante el sexenio de Enrique Peña Nieto. En fechas recientes el pleno del Inai, por unanimidad y en distintas resoluciones, ordenó a la Secretaría de la Defensa hacer pública esta información. En respuesta, la Sedena decidió simplemente incumplir con la resolución.
Las propuestas de leyes secundarias omiten la obligación de hacer pública este tipo de información. La Ley de la Guardia habla de informar, una vez al año, ante el Senado, sobre el número de personas detenidas, pero no de civiles muertos o heridos. La Ley del Uso de la Fuerza establece la obligación, de todas las instituciones de seguridad pública, de publicar informes semestrales sobre el uso de la fuerza. Estos informes deben incluir indicadores sobre la letalidad. ¿Cuáles son estos indicadores? La ley no lo especifica.
El presidente López Obrador tiene todo el sexenio para construir un cuerpo civil federal que sea confiable y eficiente. Tiene además la posibilidad de usar legalmente a la Fuerza Armada mientras lo logra. Podría concluir su sexenio con presencia excepcional de militares en las calles y con el restablecimiento del orden civil y constitucional. Lo contrario parece que será la realidad. De aprobarse las leyes secundarias propuestas para el funcionamiento de la Guardia Nacional estaremos ante la creación de una institución de fondo militar, revestida de civil, con amplias facultades de actuación, pero sin obligaciones fuertes en materia de transparencia o rendición de cuentas. Y, por supuesto, sin contrapesos institucionales.
División de Estudios Jurídicos CIDE.
@cataperezcorrea
