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En Zacatepec, Puebla, hay 10 mil habitantes, y en Tlaxcalancingo, en el mismo estado, 54 mil 500 pobladores, estas localidades indígenas carecen de un espacio de radio comunitaria.
Desde 2015, ambas comunidades se unieron para lograr que el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) les otorgue una concesión social para montar su estación de radio comunitaria, hasta la fecha negada, por no legitimar su estatus de indígenas y por no cumplir con normas técnicas que deben cubrir en FM.
“Nosotros estamos exigiendo la concesión y es una ley que debe ser aplicada, así como aplican el cierre de las radios comunitarias, que sí cierran, y el pretexto es que uno no cuenta con un permiso o una concesión del estado, pedimos que nos den la concesión porque ellos saben que se hace un trabajo comunitario”, pide Erik Coyotl, representante de la radiodifusora.
El artículo 87 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión indica que el regulador debe establecer mecanismos con diversas organizaciones para “facilitar el otorgamiento de concesiones a pueblos indígenas en donde tengan presencia y para que transmitan en sus lenguas originarias, en especial, en aquellos lugares donde no existan concesiones”.
Hay espacio para comunitarias. El artículo 90 de la ley establece que el IFT debe reservar para estaciones de radio FM comunitarias e indígenas 10% de la banda de radiodifusión sonora de FM, que va de los 88 a los 108 MHz.
En febrero de 2015, la estación Radio Comunitaria Cholollan inició el proceso para pedir una concesión social. “Lo que hicimos fue una solicitud de las frecuencias, de las cinco que detectamos, dos son las que menciona el IFT, que dice tener reservadas sin decir a quiénes, son la 90.9 FM y la 104.3 FM y de las otras tres frecuencias no nos dicen nada”, comenta Coyotl.
El 6 de abril, el IFT les informó que no existía disponibilidad espectral y, según la estación, el regulador no realizó las pruebas técnicas necesarias.
Confirman que son indígenas. Ante la negativa, la comunidad de Tlaxcalancingo, estación que se sumó a la solicitud, se amparó pidiendo que se llevara a cabo un arbitraje, ante lo que el regulador puso en duda el interés legítimo de las quejosas, y en agosto de 2015 el Primer Juzgado en Materia Administrativa especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, sobreseyó el amparo antes de celebrarse la prueba pericial y audiencia constitucional.
“El IFT dijo que las personas no tenían interés jurídico ni legítimo, jurídico porque no son quienes hacen el trámite, legítimo porque no son originarios de la comunidad y el derecho de las audiencias porque dicen que no tenemos un contenido”, agrega Coyotl.
La estación interpuso un recurso de revisión y comprobaron que los quejosos son parte de la comunidad y que cuentan con contenido radiofónico.
“Nos pidieron estudios antropológicos, históricos, datos que dijeran que sí es una comunidad indígena y que las personas que se amparan sí eran de la comunidad y entregamos actas de nacimiento, para comprobar su origen”.
Entregaron su barra programática pues, aunque no están al aire a través de FM, cuentan con un sitio web donde transmiten los programas, además han colocado bocinas en las localidades para compartir su contenido.
Tras este paso ganado, la autoridad judicial pidió un peritaje para comprobar que no existe espacio espectral para la estación, pero la comunidad no pudo ofrecer un perito particular propio por falta de recursos, así que les fue designado uno.
“Los criterios que utilizan son sus tablas y datos de las poblaciones y ese detalle macabro, donde ven el número de población, con datos del Inegi, es lo que utilizaron, porque a la comunidad no llegó personal del IFT, nunca fueron a ver cómo está el espectro”, dice Coyotl, quien añade que con la concesión pueden llegar a 500 mil personas, lo que los hace ver como una concesión “preponderante” en la región.
El perito de la PGR repitió lo que dijo el IFT, por lo que este viernes, Cholollan pidió un tercer perito que fue aprobado y ahora sólo les queda esperar.
Comerciales incumplen y siguen operando. De acuerdo con Erik Coyotl, en Cholula hay 17 estaciones de las 25 permitidas en FM sobre la misma región; 12 son comerciales, cuatro públicas, una religiosa y ninguna comunitaria. Pero el instituto, además del espacio, justifica su negativa al mencionar que la frecuencia que Cholollan solicita puede generar interferencias.
“El IFT nos dice que a pesar de que no cuentan con esta separación ellos miden otro tipo de cosas que son las distancias que dependen con las potencias asignadas. Pero la 88.3 FM en Chignahuapan, de corte religioso, es comercial y no cumple con nada de la norma técnica; sin embargo, se otorgó la frecuencia y muchas estaciones en Puebla que son comerciales tampoco cumplen con la norma”, dice Coyotl.
Gabriel Sosa Plata, analista en telecomunicaciones, recuerda que uno de los objetivos de la reforma en este rubro era impulsar un modelo en el que se vieran representados los tres sectores: comercial, público y el comunitario
Bajo este parámetro, el regulador debe ser más sensible a este tipo de circunstancias que se han presentado frente a este tipo de solicitudes, dijo.
El IFT fue contactado pero no estuvo disponible para hacer comentarios.
