Más Información
Canciller de la Fuente recibe a ministro de Emiratos Árabes; identifican interés en seguridad, IA y high tech
PAN pide al IMSS Bienestar acciones inmediatas para garantizar insumos; existen varias entidades afectadas
Rosa Icela y gobernadores revisan instalación de albergues; "estamos listos para cualquier deportación masiva", aseguran
Más frío que el corazón de tu ex, así será el clima para este fin de semana; prevén lluvias y caída de nieve en estados
juan.arvizu@eluniversal.com.mx
Prorrogar el “apagón analógico”, a fin de asegurar que al menos 90% de los hogares en pobreza puedan contar con equipo para sintonizar imagen de televisión digital, obliga a que en sólo siete semanas las cámaras de Senadores y Diputados voten una reforma constitucional, y ésta sea aprobada por al menos 17 legislaturas estatales hasta que el Ejecutivo promulgue el ajuste necesario y entre en vigor.
La ruta legislativa para modificar el artículo 5 transitorio de la reforma en materia de telecomunicaciones inició el jueves 22 de octubre, con la presentación de iniciativas del PAN y PRD ante el pleno del Senado, con propuestas de modificación al plazo original para el “apagón analógico”, que es el 31 de diciembre.
El presidente del Senado, Roberto Gil (PAN) turnó ambas iniciativas a las comisiones de Puntos Constitucionales, Comunicaciones y Transportes, así como de Radio Televisión y Cinematografía, a efecto de que las estudie y elabore un dictamen que sea sometido a la consideración del pleno, en el que se requiere de al menos dos tercios de los votos para su aprobación.
En comisiones se considera que un dictamen subiría al pleno en tres semanas, de manera que se pudiera discutir y votar entre el 10 y 12 de noviembre, para que la minuta respectiva sea enviada a la Cámara de Diputados, en el que su revisión y votación tiene un plazo máximo de cuatro semanas para su eventual aprobación, antes del 15 de diciembre, cuando el periodo de sesiones se clausure.
A la aprobación de las cámaras del Congreso, sigue su ratificación por parte de las legislaturas estatales, al menos 17; luego el Senado, la Cámara de Diputados o en su caso la Comisión Permanente pueden declarar la constitucionalidad de la reforma y enviar el decreto al Ejecutivo para su promulgación y puesta en vigor.
Por involucrar el cambio de la fecha del 31 de diciembre próximo, la reforma que está en ruta de realización, desde luego, tiene que entrar en vigor antes de esa fecha.
El presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales (PRI), Enrique Burgos García, dijo que el interés que las fuerzas políticas van a atender es el derecho a la comunicación de millones de habitantes del país, por la vía de la televisión abierta.
Zoé Robledo Aburto (PRD), presidente de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía subrayó que el plazo que fijaron los senadores y diputados en la reforma de telecomunicaciones fue insuficiente para la transición del sistema de señal analógica al digital, por lo que es responsabilidad del Congreso realizar el cambio en tiempo y forma. Su partido propone prorrogar al 30 de junio de 2016.
El presidente de la Comisión de Comunicaciones y Transportes, Javier Lozano Alarcón (PAN), mencionó que se aplace el apagón analógico al 31 de diciembre del próximo año, y que hasta después de las elecciones del 4 de junio, se haga la sustitución de equipos, y que se encargue al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) la entrega de decodificadores de señal, ya no pantallas.
Como parte del proceso legislativo de esta modificación al artículo 5 transitorio de la reforma de telecomunicaciones, el PRI, por conducto de su coordinador Emilio Gamboa Patrón, dijo que su grupo solicitará una reunión con las autoridades de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y del IFT, a fin de conocer con precisión la situación de la transición de señal y perfilar una decisión.
El siguiente paso en el Senado es una reunión para dictaminar y votar el cambio y enviar el proyecto de decreto al pleno, donde requiere de dos fechas, una para que transcurra el estatus de primera lectura, y la segunda para que el pleno discuta y vote.
En este tramo se intercambian comunicaciones de las bancadas para concretar el consenso necesario.