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Javier Lozano, presidente de la Comisión de Comunicaciones y Transportes del Senado, dijo que se debe modificar la Constitución para ampliar el plazo del 31 de diciembre de 2015 estipulado para el apagón analógico.
Desde el punto de vista de técnica legislativa y jurídica “necesitamos ampliar el plazo en la Constitución pero si no queda de otra la nulificamos, no será la primera modificación constitucional que hacemos, yo prefiero hacer la reforma pero que el programa quede bien y mientras no le llegue el aparato receptor a su casa a quien verdaderamente lo necesita, que pueda seguir viendo televisión analógica”, dijo.
El viernes pasado, EL UNIVERSAL dio a conocer que casi un millón de personas se quedaron sin señal de televisión en Monterrey y 12 municipios más de la zona metropolitana de Nuevo León, después de que se concretara el apagón analógico en septiembre.
Para evitar que el caso de Nuevo León se replique en el resto del país, el Lozano dijo que se debe modificar la fecha con el objetivo de que el apagón analógico se logre hasta que haya certeza de que 90% de la población total ya cuente con la señal digital de televisión, incluyendo la penetración de aparatos receptores.
“Encima de su condición de pobreza o de fragilidad económica, ahora ni la televisión van a ver, eso ya me parece el colmo y un exceso”, subrayó.
Dijo que se han destinado miles de millones de pesos al Programa para la Transición hacia la Televisión Digital Terrestre (TDT), por lo que si no se logra la capacidad financiera para adquirir las pantallas digitales, se deberán repartir decodificadores.
“Estamos frente a una situación verdaderamente delicada, muy grave, en la cual, sin exagerar, estarían impidiendo el ejercicio de un derecho humano fundamental como es el derecho a la información a las personas”, declaró el senador panista.
Gabriel Sosa Plata, analista en telecomunicaciones, coincidió en que se tiene que revisar la fecha del apagón analógico en México.
“Hay dos maneras por los que se tendrá que hacer una revisión a la fecha del apagón analógico, la primera es cumplir con la meta de los televisores, muy ligada a esto es que la entrega no garantiza que exista la suficiente penetración de los equipos digitales en las ciudades donde se va a llevar a cabo el apagón”, explicó.
Se confirma uso electoral de televisiones. Javier Lozano mencionó que desde el inicio del programa advirtió que el proceso tenía un carácter político-electoral, al regalar televisiones mientras se realizaban elecciones en varios estados del país.
“De eso se iba a servir el gobierno y el PRI para sacar votos y naturalmente la orientación de este programa, más que tratar de verdaderamente atender a la población que realmente necesita de estos aparatos receptores, por su condición socioeconómica, de fragilidad, pues iba a tener una orientación de carácter político-electoral”.
El diputado panista Federico Döring coincidió en que el programa fue electorero. “Más que verlo como un proyecto de transición digital y de la ayuda que el Estado debe dar a este tema, se vio como un asunto de regalar televisiones durante un proceso electoral, no tiene solidez”.
El legislador hizo referencia a la diputada de PAN, Karla Osuna, quien recibió una notificación para obtener una televisión digital y no cumple con las características para ser beneficiaria del programa.
“Queda claro que no se está haciendo con los criterios y bajo estudios sociales donde se vea quién realmente requiere las pantallas. Cuando las televisiones se vuelven la versión del siglo XXI de la despensa electoral del PRI, entonces ya no estamos hablando de transición a la televisión digital sino el cómo movilizar a las personas con fines electorales”, aseguró Döring.
Ambos legisladores coincidieron en que la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) debe rendir cuentas sobre el padrón de beneficiarios, pues no hay certidumbre sobre la forma en la que fue elaborado.
Discriminatorio, electorero y costoso. Sin claridad sobre los beneficiarios del padrón de Sedesol y tras una inversión de 26 mil millones de pesos, el Programa TDT no fue lo esperado, comentó Sosa Plata.
“Aquellos que no están en el padrón de la Sedesol quedan excluidos. Es discriminatorio, electorero, costoso y contaminante”, mencionó el analista en telecomunicaciones.
Quien decidió los términos del programa para transitar de las señales analógicas de televisión a los canales digitales y quien determinó que fuera a través de un padrón de la Sedesol como se eligiera a los beneficiarios de los televisores fue la SCT, dijo Sosa Plata.
La entrega de las televisiones que implicó un gasto tres veces mayor comparado con la distribución de decodificadores, resultó en un proceso operativo más complejo, sin un diagnóstico previo.
“Los países han hecho diagnósticos serios de la situación de la tecnología y han decidido hacerlo universal o establecer parámetros claros sobre quiénes debían ser los beneficiarios. Mientras que en México se eligió uno de los métodos más costosos al erario público, para un país que no tiene los suficientes recursos”, subrayó.
El resultado es que no tenemos certeza a nivel nacional sobre cuántos son los hogares que se van a quedar sin posibilidad de recibir las transmisiones digitales debido a que sólo se ha considerado, para la entrega de televisores, a los beneficiarios de los programas sociales, concluyó el analista.
