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sara.cantera@eluniversal.com.mx
De acuerdo con el Índice de Fuentes de Soborno, publicado por Transparencia Internacional, el sector de la construcción y obra pública es el más propenso a cometer sobornos y caer en actos de corrupción.
En una escala de 0 a 10, el sector obtuvo 5.3, debido a que los contratos y proyectos de construcción son grandes y únicos, por lo que no es fácil establecer un punto de referencia en costos y tiempos, y eso facilita esconder e inflar gastos adicionales.
Vanessa Silveyra, coordinadora del Programa de Integridad Pública del Sector Privado en Transparencia Mexicana, dijo que dada la fragmentación de la industria de la construcción, en la que están involucrados contratistas y subcontratistas, resulta complejo hacer un rastreo de pagos, así como la difusión de estándares para el sector.
“Este es de los sectores que más recursos genera y en donde también hay más riesgos de vida tanto para quienes construyen como para quienes hacen uso de esa infraestructura. Lo acabamos de vivir hace unos días. En 2009, en la Guardería ABC sufrió una tragedia”, indicó durante el Foro sobre Responsabilidad Administrativa y Penal en las Empresas de la Industria de la Construcción en el marco del nuevo Sistema Nacional Anticorrupción, organizado por la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC).
“No nos quedamos cortos al decir que la corrupción cobra vidas, que la corrupción mata”, añadió.
La nueva Ley General de Responsabilidades Administrativas para controlar la corrupción también aplica para las empresas del sector.
Gustavo Arballo, presidente de la CMIC, dijo que el sector de la construcción es vulnerable a la corrupción porque implica un ejercicio del recurso fiscal federal, estatal y municipal, y porque hay un ejercicio de recurso, compra, adquisición e inversión.
Añadió que en licitaciones se llevan a cabo arreglos informales que pueden beneficiar a alguien por cualquier cantidad de dinero o porcentaje.
Sobre el costo que representa para las constructoras el pago de sobornos y la corrupción, Eduardo Bohórquez, director ejecutivo de Transparencia Mexicana, expuso que si la constructora estima una tasa de retorno de 23% de la obra, a eso le tiene que restar el porcentaje que debe pagar para campañas electorales, a los tesoreros, diputados que aprobaron esa tasa de retorno; ese porcentaje baja a 14% o 7%.
“Cuando llegas al 7% te das cuenta que estas empezando a subsidiar la corrupción y que ya no te va a dejar margen de utilidad y vas a empezar a afectar la obra.
“Los costos comienzan a ser inaceptables. Un gran negocio se convierte en un gran dolor de cabeza y una gran inversión de obra pública, en un problema de operación”, indicó.
