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El Consejo Mexicano de la Industria de Productos de Consumo (ConMéxico), quien representa a empresas como Coca-Cola, PepsiCo, Jugos del Valle, Santa Clara y Jumex, entre otras, rechazó de manera categórica el uso de espionaje contra los activistas promotores del impuesto a los refrescos.
“ConMéxico se solidariza con cualquier ciudadano e institución que haya sido afectada por prácticas ilegales o carentes de ética y los conminamos a hacer uso de los mecanismos que el sistema jurídico mexicano provee para su defensa”, indicó el organismo en su posicionamiento compartido a EL UNIVERSAL.
ConMéxico consideró que las acciones legales de los activistas beneficiarán la libertad de expresión, así como del derecho legítimo de pugnar por sus ideas.
“ConMéxico es una asociación absolutamente comprometida con el estado de derecho, los más estrictos códigos de comportamiento ético, así como el siempre anteponer la información veraz y la evidencia científica en la defensa de sus legítimos intereses y cumplimiento de sus responsabilidades”, expresó.
Hoy, los promotores del impuesto a refrescos en México informaron que presentarán una denuncia penal ante la Procuraduría General de la República (PGR), así como una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) por presuntos actos de espionaje en su contra.
De acuerdo con el informe del Citizen Lab, adscrito a la Universidad de Toronto, elaborado en colaboración con R3D: Red en Defensa de los Derechos Digitales, SocialTIC, Access Now y Amnistía Internacional, se demostró el uso de malware gubernamental altamente sofisticado con el objetivo de espiar a tres promotores del impuesto.
Los objetivos de este espionaje fueron Simón Barquera, investigador del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP); Alejandro Calvillo, director de la organización El Poder del Consumidor; y Luis Encarnación, coordinador de la coalición ContraPESO, quienes recibieron mensajes SMS con enlaces para infectar sus dispositivos.
El malware utilizado contra Barquera, Calvillo y Encarnación es vendido por NSO Group exclusivamente a gobiernos. Se ha documentado que diversas agencias del gobierno mexicano son clientes de NSO. De acuerdo con un informe de 2016 de Citizen Lab, este malware ha sido utilizado con anterioridad para espiar ilegalmente a periodistas en México.
Los afectados se negaron a realizar acusaciones directas contra algún funcionario o compañías refresqueras.
cg
