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maria.saldana@eluniversal.com.mx
Para frenar la corrupción que se presenta en el país y que inhibe el crecimiento económico, el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Gustavo de Hoyos, aseveró que denunciarán penalmente a funcionarios corruptos.
A partir de enero de 2017, el organismo iniciará procedimientos judiciales en contra de funcionarios públicos o políticos que incurran en prácticas desleales.
Expuso que la transparencia es el antídoto contra la impunidad y la corrupción, y consideró que es muy complicado cuantificar el monto de las inversiones que se pierden al año por estos hechos, pero es evidente que el Estado de derecho es frágil en México, y ello permite operar en la ilegalidad.
El director del Instituto Mexicano para la Competitividad, Juan Pardinas; el director ejecutivo de Transparencia Mexicana, Eduardo Bohórquez; y De Hoyos explicaron que es importante que las entidades federativas modifiquen su marco legal para integrar los órganos que por ley deben de existir para combatir la corrupción.
Por ello, presentaron la propuesta de que todas los estados se basen en una “ley modelo del sistema local anticorrupción”, considerando que todas las entidades deben tener bases mínimas legales en materia de combate a las corruptelas.
En la elaboración de esa ley modelo trabajarán el Colegio de Abogados, la Barra Mexicana de Abogados, la Asociación Nacional de Abogados de Empresa, así como el organismo Mexicanos contra la Corrupción, el IMCO, la Coparmex y Transparencia Mexicana.
El objetivo es que se aterrice la legislación anticorrupción que aprobó el Congreso de la Unión y así asegurar que en cada una de las entidades se cumpla con la labor de prevenir, fiscalizar, investigar y sancionar las irregularidades que se presenten para que la sociedad vea resultados concretos, dijeron.
