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cartera@eluniversal.com.mx
El ciberataque global que afectó a miles de computadoras desde el pasado 12 de mayo representa un riesgo para la operación del sector tecnológico financiero en México, ante el cual la ley fintech que busca aplicar el gobierno debe de proveer reglas que refuercen la seguridad en el sector, dijo la empresa Hogan Lovells.
El especialista de la firma, Federico De Noriega, destacó que entre las obligaciones que pueden tener las empresas financieras está la actualización continua de sus sistemas operativos, así como el uso de las mejores herramientas de prevención ante las amenazas externas.
“La legislación tendría que dar directrices para que el regulador en el punto fino establezca requisitos mínimos a las empresas de tecnología financiera de protección de sus plataformas. Por ejemplo, se podría pedir que las empresas de tecnología tengan actualizados sus sistemas operativos para disminuir vulnerabilidades”, dijo.
De acuerdo con reportes de empresas especializadas en seguridad cibernética, México es el país en Latinoamérica con el mayor número de ataques; en tanto, también ocupa el primer lugar en el desarrollo de empresas fintech, con lo cual la nueva legislación debe buscar los mayores de seguridad para los usuarios. Según la Secretaría de Hacienda, será en septiembre próximo cuando se presente al Poder Legislativo la iniciativa para regular la operación de tecnología financiera en México, la cual actualmente se encuentra en discusión entre autoridades, bancos y desarrolladores de plataformas.
Activos virtuales. El experto dijo que la propuesta del anteproyecto de ley de la autoridad sobre el uso de las monedas virtuales como el bitcoin también dará herramientas para mayor seguridad de los usuarios mexicanos. “Habrá que ver la legislación secundaria del Banco de México de cómo y bajo qué criterios se autorizarán estos activos virtuales. La iniciativa está reconociendo una realidad sobre la existencia de empresas que intercambian estos activos”, dijo.
De acuerdo con la iniciativa, será el banco central el que determine qué empresas pueden operar e intercambiar este tipo de activos virtuales, con el fin de que los usuarios conozcan con mejor detalle la manera en que se manejan los recursos invertidos.