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Los esfuerzos del gobierno por reducir la inseguridad son insuficientes, persisten ilícitos y casos de impunidad que enfrentan las empresas, lo que significa un costo de 1.7 billones de pesos por inversiones aplazadas, robos y gastos en operativos y dispositivos de seguridad, dijo el presidente de la Concamin, Manuel Herrera Vega.
El problema “representa para México un costo equivalente a 10 puntos del PIB, es decir aproximadamente 1.7 billones de pesos, por inversiones pospuestas o canceladas, pérdidas por robo de mercancías, vehículos, gastos en sistemas de seguridad y pólizas de seguro, entre otros”.
El titular de la Confederación de Cámaras Industriales dijo que abatir la inseguridad permitiría al país incrementar en un punto porcentual el crecimiento económico anual.
El mayor riesgo se presenta en ciudades pequeñas y municipios rurales de zonas conflictivas en donde la actividad económica registra más dificultades para su desarrollo.
“En los últimos años la inseguridad e impunidad han gravitado pesadamente sobre la operación de un número importante de empresas”, dijo.
“La industria mexicana ocupa, después del comercio, el segundo sitio en cuanto a incidencia del delito; de acuerdo con la información disponible, 32 de cada 100 empresas del sector ha sido afectada por robo o asalto de mercancía, dinero, insumos o bienes, extorsión y robo hormiga”, indicó Herrera Vega.
Dijo que la inseguridad es un riesgo elevado para las actividades económicas cuyas operaciones se desarrollan fundamentalmente en ciudades pequeñas y rurales.
