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Los inversionistas no están dispuestos a destinar recursos en las zonas económicas especiales de estados donde la educación no tiene altos estándares y en los que los maestros o diversos grupos de presión salen a las calles para negociar la ley, como ocurre en Guerrero, Oaxaca o en Chiapas, advirtió el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), Rodrigo Alpizar.

Sólo en Guerrero, desde los hechos de Ayotzinapa hasta la fecha, cerraron mil 200 empresas a consecuencia de las presiones de grupos de interés. El estado tiene rezagos de 50 años y hay problemas de gobernabilidad.

Alpizar advirtió que por ello la reforma educativa debe aplicarse tal y como lo obliga la ley, de lo contrario no habrá incentivos para la inversión.

Dijo que es importante que se atiendan los rezagos que hay en desnutrición, salud, educación y hacinamiento social en los estados donde se propone tener zonas económicas especiales.

Aseguró que en el corredor Salina Cruz-Coatzacoalcos se deben mejorar las condiciones de seguridad, infraestructura, empleo y educación de la población. Sobre todo porque hay un grupo de desarrolladores de parques industriales interesados en venir al país.

En el caso educativo, se requiere que la reforma se implemente con “rigor total, quien infrinja la ley que pague las consecuencias, que paguen las consecuencias de sus actos, si rompen un vidrio”, dijo.

Comentó que en el caso de Chiapas, la proporción estimada de inversiones con respecto a Nuevo León es de 50 veces a uno, y dijo que es evidente que el corredor transísmico y el sureste del país deben de convertirse en polos de atracción.

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