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La reforma constitucional del sector contempla que la red compartida cuente con inversión pública y/o privada, aseguró Gabriel Contreras, presidente del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), contrario a lo que indican los criterios generales de la licitación.
“El lado económico es un ingrediente muy importante para cualquier despliegue de infraestructura; la propia Constitución establece que este proyecto se va a llevar a cabo con inversión pública y/o privada”, recordó el presidente del regulador durante la Quinta Conferencia Ministerial sobre la Sociedad de la Información de América Latina y el Caribe.
Sin embargo, los criterios generales para las prebases de licitación de la red compartida indican que el gobierno no realizará aportaciones financieras al proyecto.
“El gobierno mexicano no hará contribución financiera alguna a la empresa que opere la red compartida, ni compromiso o promesa alguno para la compra o contratación de servicios o de la red, o respecto de la aportación de permisos, autorizaciones, derechos de vía, etc.”, señala el documento dado a conocer por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y el IFT.
En cuanto al apagón analógico, Contreras dijo que en la medida en que se concreten las entregas de televisiones digitales y la SCT lo notifique al IFT, el regulador dará paso a los apagones locales.
“Nuestra obligación es apagar localmente; en la medida en que se vaya cumplido con esta penetración, no podríamos hacerlo de otra manera, y en la medida en que vayamos recibiendo esta información iremos procesándola y ordenando los apagones, como hemos hecho hasta ahora, afortunadamente con éxito”, precisó Contreras.
Además , aprobó que la SCT continúe con el programa, considerando que se habían enfrentado dificultades presupuestarias.
