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Los gobernadores, alcaldes y secretarios de Finanzas de los estados del país la van a pensar dos veces antes de incurrir en endeudamiento de manera irresponsable con la regulación que se propone para aplicar la Ley de Disciplina Financiera de las entidades federativas y los municipios (LDF), aseguró el analista de Moody´s, Francisco Urióstegui.

Sin embargo, existe el riesgo de que las reglas secundarias se aplacen como ha sucedido con otras como la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG), cuya instrumentación ha sido gradual, se ha retrasado tres veces para su aplicación total, advirtió el analista de la firma en entrevista con EL UNIVERSAL.

El especialista de la calificadora, dijo que la iniciativa es muy estricta en cuanto a transparencia, equilibrio fiscal y definiciones jurídicas, así como en los mecanismos coactivos (sanciones) que se proponen; esto puede llevar a resultados exitosos en comparación con otras, e incluso a que la gente confíe y se pueda desarrollar un mercado de bonos municipales que puedan adquirir cualquier persona.

Lo anterior debido a que ahora existen mejoras al esquema institucional con el sistema anticorrupción, una reforma al Instituto de Acceso a la Información y una Auditoría Superior de la Federación fortalecida, explicó.

“Tenemos las dos caras de la moneda, para ver su éxito. Hemos tenido en otras ocasiones buenas propuestas que no han podido aplicarse al 100% como lo fue con la armonización contable para homologar la contabilidad en los tres niveles de gobierno”.

Para Moody’s, la propuesta es un factor crediticio positivo porque contiene la introducción de principios de un balance presupuestal sostenible que es algo completamente nuevo que no existe en ninguna ley o algún ordenamiento que incentive la generación o guíe a las administraciones estatales hacia la creación de presupuestos de resultados financieros sostenibles. “Es una de las grandes aportaciones”, manifestó Urióstegui.

Consideró que esto puede contribuir a crear un mercado de bonos municipales, en donde cualquier persona puede adquirirlos como sucede en Estados Unidos en donde existe un marco jurídico fuerte que da la seguridad de tener rendimientos por la colocación de deuda.

“Probablemente con este tipo de fortalecimiento, la transparencia y del manejo de las finanzas públicas podamos ver que se vuelva más accesible e incluso invertir en deuda municipal y estatal y revertir la mala fama”, concluyó el especialista.

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