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El 3% del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) que se aplica a los servicios de telecomunicaciones debe ser eliminado por los nuevos diputados de la 53 Legislatura, opinan analistas.
“Este impuesto es inconsistente con los objetivos de la reforma en telecomunicaciones y es una herencia onerosa del sexenio pasado”, aseguró Ramiro Tovar, analista en la materia.
Considerando que los nuevos diputados comenzarán a discutir el Presupuesto de Ingresos en cuanto tomen posesión de su cargo, es el momento adecuado para hacer un llamado a esta nueva legislatura sobre la existencia de ese gravamen, señaló Tovar.
“Lo ideal es que el impuesto se redefina o se etiquete para infraestructura en telecomunicaciones, sobre todo para proyectos de México Conectado que implementan en la SCT, que es para cobertura geográfica de espacios públicos y fortalecer su presupuesto. Sería más deseable desaparecerlo”, dijo.
De lo contrario, el consumo de servicios en telecomunicaciones disminuirá y el Estado tendrá una menor recaudación de impuestos.
Cabe destacar que los operadores fijos y móviles pagaron al Estado 3 mil 700 millones de dólares entre 2012 y 2013 por concepto de Impuesto al Valor Agregado (IVA), de acuerdo con el estudio El ecosistema y la economía digital en América Latina, elaborado por la Cepal, el CAF y cet.la.
A nivel regional, ello coloca a México sólo por debajo de las empresas brasileñas, que pagaron 15 mil millones de dólares durante el mismo periodo.
A este impuesto se suma el 3% de IEPS que pagan los usuarios de estos servicios y que, según la reforma constitucional, son un derecho fundamental, mencionó Tovar.
“La conectividad es un servicio que en el discurso oficial e internacional se considera como fundamental para la sociedad, y en el discurso oficial han estado privilegiando el nivel de penetración y abaratamiento de costos”, dijo el analista. Por ello, el impuesto debe ser eliminado, justificó.
En tanto, Jorge Fernando Negrete, director de MediaTelecom Policy and Law, aseveró que mantener este impuesto es un ataque al derecho fundamental de los mexicanos que se encuentra en la Constitución, es decir, el derecho al
acceso a las Tecnologías de la Información (TIC´s).
“No hay peor crimen en materia en materia jurídica que la imposición de un impuesto que no permite el desempeño y el ejercicio de un derecho fundamental como el acceso a las TIC´s y, por lo tanto, al derecho a la información”, subrayó Negrete.
Además, comentó que probablemente México tiene el caso más dramático entre los países de América Latina en la aplicación de un impuesto especial al consumo en servicios de telecomunicaciones que solamente es equiparable con el impuesto que se le da al consumo de cigarros y de alcohol.
“La nueva generación de legisladores debería tener como su principal objetivo la eliminación por aclamación, no por mayoría, del IEPS, ya que es algo que volvería digna a la próxima legislatura y que la haría reconocible, pues es un impuesto que castiga a los más pobres”, señaló Negrete.