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maria.saldana@eluniversal.com.mx
La recuperación del poder adquisitivo no sólo tiene que ver con revertir o frenar el alza inflacionaria, pues también obliga a mejorar la eficiencia de los servicios públicos, reducir la corrupción, inseguridad e impunidad, dijo el presidente de Fomento Industrial de Canacintra, Manuel Chaparro. “Todo ello cuesta”, dijo.
Para el representante de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), la inflación podría cerrar el año en niveles de 6.2% o 6.5%, lo que también impactará el poder adquisitivo si no se controla.
Además, hay otros temas a considerar que también impactan la capacidad de compra de las familias.
“De seguir incrementándose o agravándose la inseguridad, la delincuencia, la extorsión, la corrupción, la impunidad y la falta o irregularidad en los servicios públicos, el poder adqui sitivo o el bolsillo de los ciudadanos y trabajadores seguirá afectado cada vez más drásticamente”, destacó.
Por lo tanto, se requiere que todos los niveles de gobierno trabajen para brindar una mayor eficiencia en los servicios, disminuyan la inseguridad, la corrupción y la impunidad, para evitar que los ciudadanos destinen parte de su salario en subsanar los malos servicios y la ilegalidad.
Por ejemplo, dijo que la mala calidad del transporte provoca que los trabajadores tengan que pagar taxi o la inseguridad hace que destinen una cantidad del salario a seguridad.
Ante la propuesta de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) de incrementar el salario mínimo de 80.04 a 92 pesos, que es el nivel de la línea de bienestar, según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), Chaparro expuso que cualquier ajuste al salario mínimo debe analizarse con responsabilidad para determinar si es lo más recomendable en momentos de alta inflación.
Como parte del análisis “se debe de aislar cualquier tinte populista o de intereses o tendencias políticas, es decir, habrá que llevar a cabo un estudio realista bien sustentado”, dijo.