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El director general de Moody’s México, Alberto Jones, declaró que el proceso electoral de 2018 no representa un factor de riesgo para la calificación crediticia del país.
Entrevistado durante el seminario de análisis de los reglamentos de la ley de disciplina financiera, el directivo explicó que la agencia realiza análisis sobre hechos concretos sin especular sobre el tema.
“Tomamos nuestras decisiones en función de hechos, de lo que se legisla, de lo que ocurre. No especulamos y no es un tema el proceso electoral en 2018”, dijo.
Respecto de la ley de disciplina financiera, Jones dijo que sienta las bases para evitar casos de deuda pública que comprometan las finanzas de los estados.
“A escala estatal, dependiendo de los ingresos que se tienen se fijan los límites de endeudamiento. Ya no veremos casos de una magnitud tan enorme como lo que vimos en años anteriores”, dijo.
Fijan techo. Frente a las elecciones presidenciales de 2018, los estados del país deberán de aplicar un techo de endeudamiento que se dará a conocer este año como parte de la Ley de Disciplina Financiera, informó Moody’s.
“Los que van a tener que aplicar esos techos en año electoral presidencial son los estados. Es un tema interesante ver qué tanto lo cumplen o no. Es un buen momento tener techos que nunca han tenido, más un contexto presidencial electoral que como todos sabemos a veces los estados tienden a gastar más por las razones que sea”, dijo Roxana Muñoz, analista de estados de la calificadora.
Durante el seminario sobre los reglamentos de la ley de disciplina financiera, la especialista destacó que en el caso de los municipios, este requerimiento aplicará hasta 2019.
Para Alberto Jones, la aplicación de la ley de disciplina financiera busca mejorar la transparencia y condiciones de endeudamiento para los estados. “Antes de la ley, las condiciones de transparencia eran un elemento negativo para el crédito”, dijo Jones.
Incumplidos. De acuerdo con Moody’s, hasta el momento Querétaro, San Luis Potosí y Yucatán son las únicas entidades que cumplen cabalmente con requisitos de la ley como resultados financieros de los últimos cinco años, proyecciones para los próximos cinco años, estudios actuariales e información sobre pensiones y la creación de un fondo para desastres naturales.
“De los requerimientos que la mayoría de los estados no incluyeron en sus presupuestos fue lo referente a los pasivos por pensiones y un balance presupuestario de recursos disponibles. Los municipios y organismos descentralizados tendrán que implementar la ley y esperamos que también enfrenten dificultades”, explicó la calificadora.
La agencia también destacó que el sistema de alertas que forma parte de la ley de disciplina financiera no establece rangos fijos para los indicadores financieros que determinarán las categorías de deuda y restringirán el endeudamiento. “Esto hace que el sistema sea vulnerable a influencia política”, dijo Moody’s.
