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maria.saldana@eluniversal.com.mx
La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) decidió no firmar el Acuerdo de Fortalecimiento Económico y la Protección de la Economía Familiar que el gobierno federal y otros sectores empresariales signaron para evitar que el incremento en los precios de las gasolinas afecte el bolsillo de los hogares.
Esta negativa de la Confederación, que agrupa a los patrones del país, tomó por sorpresa al gobierno y a otras cámaras empresariales del país.
Sin embargo, esta no es la primera diferencia que hay entre la iniciativa privada y el sector público, que a lo largo del sexenio han tenido diversos desencuentros.
Como parte de la reforma hacendaria, en enero de 2014, se eliminó la deducibilidad total de las prestaciones salariales, situación que provocó el descontento del sector empresarial, el cual pidió al Ejecutivo revertir la medida.
Sin embargo, el gobierno les contestó el 27 de febrero de ese año con la firma del Acuerdo de Certidumbre Tributaria, un evento al que no se convocó al sector privado mexicano.
Los recortes presupuestales también han sido cuestionados por el empresariado mexicano. Por medio del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP), la IP afirmó que no existen en la realidad y advirtió que, por el contrario, había aumentos del gasto, como se vio en 2015 y 2016.
La semana pasada, la Secretaría de Economía y la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) aseguraron que no permitirían aumentos injustificados de precios a consecuencia del gasolinazo. Incluso, la primera dependencia emitió un comunicado en el que aseguró que los precios de la tortilla no deberían subir más de 8 centavos.
Esta postura fue cuestionada por la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco), ya que dijo que el gobierno no tiene como facultad fijar precios y agregó que el primero que inició con las alzas fue la autoridad al aumentar las tarifas eléctricas, el gas y la gasolina.
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