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Como parte de las modificaciones a la ley del Impuesto sobre la Renta, el gobierno federal propuso en el paquete económico 2017 la posibilidad de contratar y deducir la contratación de planes colectivos para el retiro, porque actualmente sólo se permite realizarlo de manera individual, con el fin de incentivar el crecimiento de esta opción de ahorro entre empresas y empleados.
“El Ejecutivo Federal a mi cargo, propone establecer en la Ley del Impuesto Sobre la Renta que este tipo de planes personales de retiro puedan ser contratados no sólo de forma individual, sino también de manera colectiva, como por ejemplo, a través de asociaciones gremiales o de profesionistas.
Con esta medida se busca que las instituciones financieras autorizadas para ofrecer este tipo de planes personales de retiro reduzcan costos administrativos al permitir la contratación colectiva de dichos planes, con el objeto de seguir impulsando el ahorro y el uso de instrumentos de inversión de largo plazo”, se detalla en el documento enviado el jueves 8 de septiembre a la Cámara de Diputados.
El texto explica que en caso de que la contratación de los planes personales de retiro se realice de forma colectiva, los mismos deben identificar a cada una de las personas físicas que integran la colectividad y que el monto de la deducción va a ser aplicable en forma individual por cada persona física.
“La propuesta tiene como finalidad adecuar una deducción existente a las modalidades de contratación con las que actualmente cuenta el sistema financiero, sin que de manera alguna el monto de la deducción se amplíe o sea más benéfico de lo que actualmente se establece en la Ley del Impuesto sobre la Renta”, añade el texto.
Actualmente la deducción a planes personales de retiro es de 53%.
Mayores sanciones. Como parte de la ley de ingresos, el Ejecutivo propone a los legisladores mantener las atribuciones para sancionar a las entidades financieras por el incumplimiento de plazos para la atención de los requerimientos de información, documentación, desbloqueo de cuentas, transferencia o situación de fondos formulados por autoridades competentes.
Según la propuesta, de infringir estas disposiciones, los intermediarios financieros se harán acreedores a una multa equivalente en moneda nacional de uno y hasta 15 mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización.
También pide sancionar infracciones a disposiciones en prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita, cometidas por entidades financieras y centros cambiarios, entre otros.
