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Madrid.—Las constructoras entran en campaña. La patronal de las grandes del sector (ACS, Ferrovial, Sacyr, Acciona, FCC, OHL...) reclamó ayer al futuro gobierno que establezca un marco regulatorio adecuado para atraer la inversión privada en infraestructuras en España y poder así reducir la distancia que, frente a la idea extendida en la sociedad —denuncian estas empresas—, existe con países vecinos como Alemania, Reino Unido, Francia o Italia. De acuerdo con un informe elaborado por la consultora A. T. Kearney, para ello España necesita un plan de inversión sostenida (“sin picos y valles”) en infraestructuras de entre 38 mil millones y 54 mil millones de euros anuales durante la próxima década.
En la actualidad, la inversión pública en infraestructuras es de 23 mil mde, después de haberla reducido 65% desde que en 2009 tocara su techo en 55 mil mde —la media de los últimos 20 años asciende a 36 mil mde—. En el último ejercicio, la inversión privada en este segmento fue, según Julián Núñez, presidente de Seopan, “prácticamente cero”. Por tanto, para cumplir con el rango bajo de necesidades de España, identificadas por A.T. Kearney, faltarían 15 mil millones, un aumento de 72% sobre el nivel actual.
¿De dónde tienen que salir? Los constructores son conscientes de las estrecheces presupuestarias de la Administración, por lo que, aunque piden un esfuerzo adicional para incrementar las partidas, consideran que el sector privado, fondos de inversión y aseguradoras, fundamentalmente, tienen la capacidad y la disposición para asumir “ 100%” de inversión adicional.
Claro que, para ello, es “imprescindible” que “el marco regulatorio sea capaz de captar el capital privado”. Esto, según Núñez, “depende de la voluntad política”. Lo dijo durante la presentación del informe en el que se dieron cita Juan Miguel Villar Mir, presidente de OHL, Manuel Manrique, de Sacyr, o Íñigo Meirás, consejero delegado de Ferrovial, Antonio García Ferrer y Juan Ignacio Entrecanales, vicepresidentes de ACS y Acciona, respectivamente, o Miguel Jurado, el jefe de FCC Construcción —la presentación en sociedad del nuevo líder, el mexicano Carlos Jarque, tendrá que esperar—.
Seguridad jurídica. Y qué tiene que añadir la nueva regulación? Fundamentalmente, una transferencia de riesgos adecuada y un ámbito legal de los contratos razonable, de forma que el sector privado tenga la certidumbre de que si hay una expropiación, una demanda, cambios regulatorios o actuaciones unilaterales por parte de la Administración serán compensados consecuentemente, explicó Núñez. Y de modo inmediato, reclamó el presidente de la patronal, no como ocurre con las autopistas de peaje en quiebra, cuya solución se atisba aún lejana. Se trata, subrayó, de “predictibilidad y rentabilidad”.
En la ecuación para que la financiación privada llegue a las infraestructuras españolas la banca no tiene un encaje protagonista. Al tratarse de proyectos a largo plazo, el ámbito es más propicio para la actuación de los hedge funds, señaló Núñez quien, no obstante, destacó que después de haberse replegado hacia el crédito a corto y medio plazo, la banca, poco a poco, "vuelve a apostar por el largo plazo".
El objetivo es seguir los pasos de Estados Unidos, Canadá o Reino Unido, donde la participación de los mercados de capitales es principal.
En este sentido, recordó que el gobierno británico ha dispuesto un programa de inversiones de 650 mil millones en el que sólo 20% procederá del sector público directamente.
El 17% se sustenta en financiación pública-privada y el resto, casi dos terceras partes, en la iniciativa privada, explicó Eugenio Prieto, presidente de A.T. Kearney.
