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maria.saldana@eluniversal.com.mx
Cancún, QRoo.— En la primera mitad del año se embargaron 53 millones 256 mil pesos de mercancía sensible como telas, prendas de vestir y calzado, debido al resultado de los trabajos de combate a la subvaluación y el contrabando que de manera conjunta llevan a cabo iniciativa privada y gobierno federal, aseguró el presidente de la Confederación de Cámaras Industriales, Manuel Herrera Vega.
El operativo se tradujo en 312 órdenes de embargo, de las cuales, 200 fueron para el sector textil, 71 para confecciones y 41 para calzado.
En lo que va del año se hicieron también “400 aseguramientos de mercancía que ostentaban marcas presuntamente apócrifas con un total de 6 millones 649 mil 667 piezas aseguradas. Lo que no se hubiera logrado sin la participación, colaboración y experiencia de los agentes aduanales”, comentó.
En el marco del 76 Congreso Nacional de Comercio Exterior y Aduanas, el presidente de la Confederación de Asociaciones de Agentes Aduanales de la República Mexicana (CAAAREM), Víctor Hugo Gamas, aseveró que su gremio es parte de la campaña “Juntos contra la ilegalidad”, de manera que trabajan por el fortalecimiento del Estado de derecho y el combate a las importaciones subvaluadas en los productos sensibles como los anteriores, además de autos usados.
Los trabajos hechos ya lograron frenar las prácticas de importación de vehículos viejos de Estados Unidos, porque durante los años que entraron al país restaron ventas por 6 ó 7 millones de unidades, agregó el presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Enrique Solana Sentiés.
El gobierno federal conformó una mesa de combate a la ilegalidad en la que participan dependencias federales como el Servicio de Administración Tributaria, la Procuraduría General de la República, la Profeco, Cofepris, además de otros organismos privados como la Concamin.
Tanto los presidente de Concamin, como Concanaco y la CAAAREM expusieron que seguirán apoyando al gobierno federal en las acciones para frenar esos ilícitos que generan daño a la nación y a las familias del país.
Aunque Herrera Vega aseveró que “no sólo bastan nuestras acciones para inhibir las prácticas ilegales de comercio, sino que además debemos sensibilizar a la población sobre los efectos negativos de estas prácticas a la economía familiar e incentivar la denuncia de actos ilegales”.
