Imagine un día sin energía. Hasta los elementos más básicos del día con día de todas las personas se verían impactados. La capacidad de movilidad se limitaría en gran medida; los hospitales, escuelas y oficinas verían disminuidas sus capacidades para llevar a cabo sus actividades; la comunicación no podría llevarse en tiempo real a falta de telefónos celulares, internet y redes sociales; y en los hogares no habría forma de tener los servicios básicos como iluminación y gas para cocinar.
Al imaginar este cuadro es posible señalar que las sociedades modernas no podrían vivir sin energía, al menos no como las conocemos hoy en día. Esto afectaría también otros derechos de las sociedades tales como la vivienda digna, la salud, la educación e incluso la alimentación. En este sentido, es evidente que la implementación y progresividad de estos derechos depende de que se garantice el acceso a la energía.
No obstante, pocas veces este tema de la energía se incluye en el marco de los derechos humanos. Si se considera esto en conjunto con la importancia social, económica y cultural de la energía, parece contradictorio que pocas veces se aborde el tema en las discusiones que tienen lugar dentro del marco de los derechos humanos.
En México, vivimos un momento propicio para abordar el tema del acceso a la energía con enfoque de derechos humanos. La Reforma Constitucional en materia de derechos humanos publicada en 2011, representó un enorme avance legal en la evolución de estas esenciales prerrogativas, al reconocer en el más alto nivel de la jerarquía normativa los principios que favorecen la consolidación de una sociedad más justa.
Este enorme paso que se da en la letra de la ley, debe traducirse, sin lugar a dudas, en el mediano y largo plazo en beneficios directos para los individuos y grupos, que impacten directamente en el mejoramiento de la calidad de vida de la sociedad y el fomento de la participación proactiva de la sociedad y los individuos.
Por otro lado, nos encontramos en el proceso de implementación de la Reforma Energética más profunda que ha tenido el país en los últimos 70 años. Una de las premisas más importante de la Reforma Constitucional en materia de Energía es que pone fin a los monopolios del Estado y abre el sector a la participación de nuevos suministradores de servicios tales como gas natural, gasolinas y electricidad, quienes incursionarán en el nuevo mercado energético del país.
Estudios económicos sugieren que los consumidores que han experimentado la transición de un mercado monopólico a un mercado abierto, no desarrollan rápidamente mecanismos para promover y proteger sus derechos, por lo que son más susceptibles a desarrollar nuevos mercados con distorsiones que impactan negativamente a los consumidores finales, afectando principalmente a los grupos vulnerables.
En este contexto, la Reforma Energética representa oportunidades y retos, pero también implica riesgos, toda vez que modifica la estructura de las relaciones entre los diversos actores. Por ello, todos, gobierno y sociedad, deberemos tomar conciencia de la necesidad de ser proactivos, garantizando condiciones justas en el acceso a la energía, para que en armonía con la evolución de los derechos humanos, ofrezcamos las condiciones mínimas de desarrollo para todo mexicano.
* Doctor en Políticas Públicas, experto en sector energético y regulación
@PaulAlejandros
