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¿Existe conciliación posible entre la política migratoria humanitaria y la militarización de la frontera México-Centroamérica? ¿Qué tanto el acuerdo migratorio entre EEUU y México obstaculiza el cumplimiento del Plan de Desarrollo Integral El Salvador-Guatemala-Honduras-México?
¿Cómo ser congruentes al hablar de atender las causas de la migración y al mismo tiempo enviar a los centroamericanos el mensaje: ‘no queremos que vengan a nuestro país’?
¿Cómo abordar la movilidad humana desde un enfoque regional y una gobernanza multilateral, de cara al unilateralismo que impone Donald Trump?
Tuve el gusto de participar en el diálogo que sobre este tema convocó el @COMEXI con el Subsecretario para América Latina, Maximiliano Reyes (https://t.co/CV0JTRQnIv). Allí planteé tres preguntas:
1. ¿Cómo impulsar la apropiación social del PDI, de manera que gobiernos, sector privado, academia, iglesias y organismos de sociedad civil en los cuatro países lo hagan suyo? Numerosas voces han denunciado que los derechos humanos han sido sacrificados en el altar del pragmatismo político.
2. ¿Con qué dinero vamos a cumplir los compromisos adoptados? No hay en el documento compromiso alguno de la Casa Blanca para contribuir a los gastos derivados de alojar y alimentar a decenas de miles de migrantes y solicitantes de la condición de refugiado por un plazo que además se antoja eterno. Sin dejar de lado objeciones éticas, en el marco de la austeridad republicana, las dependencias e instituciones mexicanas carecen del personal y del apoyo presupuestario para siquiera emprender dichas tareas.
3. ¿Puede y debe el gobierno mexicano prescindir de la sociedad civil que junto con el propio gobierno y el sistema de Naciones Unidas opera albergues, asesora jurídicamente y contribuye a preservar el derecho al debido proceso de migrantes y solicitantes de protección internacional; promueve los derechos de las mujeres en la migración; protege a niños y niñas no acompañados; y facilita el cuidado de la salud de los migrantes entre otras muchas tareas?
Roberta Jacobson, quien fuera embajadora estadounidense en México en el primer año del gobierno de Trump, advierte que Estados Unidos y México ganan más si utilizan los amplios recursos de ambos países para enfrentarse juntos a problemas compartidos.
Y resulta que la clave para abordar este desafío es precisamente ésa: la adopción de responsabilidades compartidas. Estados Unidos tendría que comprometerse a aumentar el número de jueces de migración que agilicen el procesamiento de las solicitudes de refugio; avanzar en una política de drogas y de control de armas letales que no exporte la violencia a sus vecinos del sur; sufragar el costo de alojar y alimentar a decenas de miles de solicitantes centroamericanos. Pero Trump está en campaña para su reelección; nada de esto va a ocurrir.
En 45 días, es decir, hacia el 22 de julio, el señor Trump anunciará de manera unilateral si México ha cumplido o no su compromiso, y dependiendo de ello, si se deja caer la espada de Damocles arancelaria sobre nuestra cabeza.
México tendrá que recurrir a los recursos propios, tocar las puertas de Naciones Unidas (Unicef, ACNUR) y del sector privado de EU, México, Guatemala, Honduras y El Salvador, así como de Canadá, nuestro otro socio en el TMEC, y a la cooperación europea, entre otras fuentes. Más importante aún: ¿contamos con autoridad moral para hacerlo?
El presidente de México prometió que su gobierno se concentraría en atender las causas sociales, políticas y económicas de la migración antes que militarizar sus fronteras. No contribuyamos a agravar la crisis humanitaria. Respondamos a Trump con una estrategia inteligente y con sentido de Estado.
Profesor asociado CIDE.
@Carlos_Tampico
