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De manera natural, un punto crucial en la agenda de un gobierno progresista es fomentar la competencia económica.
La economía mexicana registra numerosas concentraciones y prácticas monopólicas que distorsionan los precios y perjudican a los consumidores. Ello se refleja en mercados tan distintos como el autotransporte federal, la venta de alimentos básicos como el huevo y la tortilla de maíz, los servicios bancarios y financieros, el gas LP doméstico y los mercados de gasolina y diésel, por mencionar sólo algunos de uso y/o consumo cotidiano.
Los mexicanos exigen al gobierno y a la clase política el ejercicio de acciones para el fortalecimiento de la economía nacional y para erradicar los privilegios que benefician a unos cuantos en detrimento de la mayoría de la sociedad.
¿De qué privilegios estoy hablando? De empresas que, mediante prácticas monopólicas relativas, por sí mismas o coludidas con otras empresas, tienen poder sustancial en un mercado, el cual utilizan para desplazar indebidamente a sus competidores, impedirles acceso o establecer ventajas exclusivas en favor de uno o varios agentes económicos.
Por décadas, la protección de privilegios a partir de políticas y regulaciones deficientes, incluso amañadas, así como acciones de gobierno que distorsionan la actividad económica, han generado mercados concentrados y con poca presión competitiva.
La Comisión Federal de Competencia Económica (www.cofece.mx) es el órgano autónomo del Estado mexicano creado a partir de la reforma constitucional de 2013, responsable de garantizar la competencia y libre concurrencia en los mercados.
En 2018 la Cofece presentó el documento Competencia económica, plataforma para el crecimiento, (https://goo.gl/8ztNKC) como herramienta de apoyo para la tarea de diseñar e instrumentar políticas públicas durante la administración 2018-2024, que potencien la actividad económica de México.
Más allá de combatir las concentraciones y prevenir la formación de monopolios, la competencia es un medio para propiciar mejores precios en productos y servicios, elevar su calidad y construir así mercados competitivos y por lo tanto sectores productivos vigorosos.
La sacudida reciente por los problemas de abasto y distribución de combustibles deja en claro que, sin acciones que promuevan la competencia, continuará una intervención costosa del Estado para mantener ciertos niveles de precios y abasto de los combustibles y podría existir un riesgo de desabasto y un aumento de los precios al público, como consecuencia de la falta de opciones diversificadas de suministro de gasolinas y diésel.
En su más reciente documento, (https://goo.gl/18BcQw) la Cofece propone la participación de múltiples actores en el mercado para que haya competencia (precios lo más bajos posibles) y seguridad energética (abasto seguro e infraestructura suficiente).
Alejandra Palacios Prieto, la comisionada presidenta de la Cofece, es una funcionaria valiente, eficaz y comprometida con México. Poderosos capitanes de empresas que realizan prácticas monopólicas la presionan un día sí y otro también, y ella les responde con la ley en la mano.
Vaya mi reconocimiento también a los miembros del pleno de la Cofece: Alejandro Faya Rodríguez, Brenda Gisela Hernández Ramírez, Eduardo Martínez Chombo, José Eduardo Mendoza Contreras, Martín Moguel Gloria y Jesús Ignacio Navarro Zermeño.
Democratizar la información sobre la formación de los precios es una tarea indispensable para democratizar a la economía y a la sociedad mexicanas.
Profesor asociado en el CIDE.
@ Carlos_Tampico
