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Rápidamente, varios miembros del gabinete del nuevo gobierno salieron a aclarar lo que quiso decir el presidente electo, empezando por la próxima secretaria de la función pública, la Dra. Sandoval, quien declaró que no habría impunidad para aquellos servidores públicos que hubieran incurrido en algún tipo de responsabilidad administrativa. El combate a la corrupción va en serio, sin persecución o cacería de brujas.
Por su parte, los personeros de la sociedad civil denunciaron que era inadmisible que no se investigara a todos aquellos que hubieran desviado recursos públicos o abusado del poder. En una rasgadura de vestiduras mediática los dirigentes de observatorios ciudadanos contra el combate a la corrupción, cuyos ingresos no son transparentes o provienen de una fuente vinculada con algunos grupos empresariales, exigieron que se aclaren las declaraciones de AMLO.
La respuesta del próximo presidente fue el anuncio de una consulta popular, programada para el 21 de marzo de 2019, una vez que se reforme el artículo 35 constitucional sobre la procedencia y procedimientos para la participación ciudadana.
La consulta versará sobre el enjuiciamiento de los ex-presidentes. Esto último hace dudar el perdón prometido y más bien pareciera lo contrario. En todo caso, siempre se podrá alegar que las investigaciones por el caso Odebrecht u otros no es una persecución, ni una decisión de gobierno, sino que es un mandato del pueblo bueno y sabio que nunca se equivoca.
Estas tres posiciones muestran el grado de polarización en el debate de la mayoría de los temas en la agenda pública y el juego de espejos de los actores políticos. La ciudadanía observa con curiosidad el acomodo de fuerzas para la batalla que se acerca y apoya al nuevo gobierno ilusionada en un cambio radical -el advenimiento del paraíso terrenal en breve-. El bono democrático se arriesga: ¿la constante movilización legitimará al gobierno o los resultados diferidos por la complejidad propia de la administración lo desgastará? Nadie lo sabe a ciencia cierta.
En todo caso, el perdón de los corruptos no es jurídicamente posible y quien evite investigar y, en su caso, sancionar una conducta que puede ser constitutiva de una falta administrativa o delito se puede hacer acreedor a que, por su inactividad, sea sentado en el banquillo de los acusados. El "perdonador" puede cambiar su posición con el perdonado.
Muchas de estas sutilezas del Estado de derecho no se comprenden en su verdadera dimensión hasta que el novato de la administración pública asume un encargo y debe operar con eficiencia y eficacia, pero dentro de la norma, el otorgamiento de un servicio, la supervisión de una actividad, la inspección de un negocio, la contratación pública y un sin fin de acciones que cotidianamente llevan a cabo los servidores públicos.
Un amigo le llama a la responsabilidad administrativa en la que puede incurrir cualquier persona que desempeña un cargo público "las letras pequeñas del nombramiento" que muchos desconocen y terminan incurriendo en una falta que produce la inhabilitación. En pocas palabras, todo aquel que asuma un cargo con el nuevo gobierno deberá revisar con cuidado el acta de entrega-recepción y manifestar lo conducente en el término de 30 días.
La revisión puede arrojar o no una conducta indebida o una omisión y el nuevo funcionario deberá dar vista al órgano interno de control correspondiente para que se lleven a cabo las investigaciones pertinentes. No hay perdón posible en un Estado de derecho como el nuestro, y cualquier promesa en ese sentido es riesgosa si se cumple. Tampoco se puede tomar en cuenta el resultado de preguntar a quienes te rodean o consultar a los fieles que están dispuestos a movilizarse como estrategia de imposición de un modelo de gobierno, si es procedente una investigación o no.
Los márgenes de operación de un servidor público son limitados si se compara con un activista social que sólo tiene límites en su imaginación y en los recursos que disponga. A partir del primero de diciembre muchos de los que se integran al nuevo gobierno serán primerizos en el servicio público en el ámbito federal y empezarán a aplicar la compleja normatividad que lo rige. Se darán cuenta que el perdón o la acusación sin fundamentos pueden ser conductas sancionables y paulatinamente esperemos que aprendan a ser cautos y a evitar las declaraciones comprometedoras o superficiales.
Miembro Electo del Sistema Nacional de Investigadores Nivel I
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