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A días de que concluya el segundo periodo ordinario de sesiones de la actual Legislatura, el presidente López Obrador decidió cambiar de estrategia en el intento por lanzar una nueva política educativa. Las ciudadelas, dicen los expertos, caen por asalto o por sitios prolongados. En este caso, el gobierno optó por la confrontación directa, en lugar de la engorrosa construcción de consensos, en el afán de aprobar una nueva reforma constitucional y legal en materia educativa que tenga el apoyo de la CNTE, el ala radical del sindicato de maestros.
Mediante un memorándum, el Presidente de la República ordenó a las secretarías de Educación Pública, Gobernación y Hacienda dejar de aplicar el marco constitucional y legal en materia de educativa. La medida, que ha recibido fuertes críticas por la incertidumbre jurídica que genera, amenaza con dejar la política educativa en estado de indefinición y parálisis.
Durante el camino para llegar a la Presidencia de la República, López Obrador hizo una alianza política con el magisterio disidente y asumió el compromiso de desmantelar la “mal llamada reforma educativa”. Tras el éxito electoral de Morena, la alianza se tradujo en una bancada parlamentaria de 40 diputados federales para la CNTE —19 miembros activos y 21 seguidores—, el grupo de interés con mayor representación en el Congreso. Sin embargo, lo que el gobierno y la CNTE buscan no es exactamente lo mismo.
La CNTE pretende la revocación lisa y llana de la reforma educativa, desde los cambios al artículo 3º constitucional hasta las leyes del servicio profesional docente y del Instituto Nacional de Evaluación Educativa (INEE) . El gobierno, según ha declarado el presidente López Obrador, coincide en echar para atrás el ingreso por oposición al servicio docente y el sistema de evaluación coordinado por el INEE que regula la promoción de los maestros. Pero quiere mantener la rectoría del Estado y evitar el regreso a viejas prácticas como la venta de plazas y promociones, que los líderes sindicales controlaban en el pasado.
Estas diferencias han impedido que la “nueva reforma educativa” avance en la Cámara de Diputados, donde Morena ha logrado desactivar el veto de los partidos de oposición a modificaciones constitucionales. En el Senado, sin embargo, la oposición formada por PAN, PRI y Movimiento Ciudadano tiene la llave que abre y cierra la puerta de los cambios a la Carta Magna. Cualquier acuerdo entre el gobierno y la CNTE tendrá que estar avalado por al menos parte de la oposición para conseguir la mayoría calificada en la cámara alta. La ruta se ve complicada, dado que PAN, PRI y Movimiento Ciudadano fueron los artífices de la legislación educativa hoy vigente.
El escenario político llamaba quizás a buscar el cambio tratando de acercar posiciones y encontrar un punto medio entre la oposición y la CNTE. Ello implicaba seguir aplicando la reforma educativa de 2012 y presionar para tejer el consenso político en torno a un marco constitucional diferente. Pero con el memorándum, el Presidente de la República ha decidido tomar la plaza por asalto.
Los riesgos de la medida son considerables. El memorándum difícilmente resiste un control de constitucionalidad mínimo. El titular del Poder Ejecutivo no tiene atribuciones para ordenar la inaplicación de leyes, mucho menos de la propia Constitución. La oposición y las asociaciones partidarias de la reforma educativa ya amenazan con promover una lluvia de amparos.
Al riesgo jurídico habrá que sumar el costo político. Un acuerdo pragmático que responda a los agravios atendibles del magisterio y mantenga medidas a favor de la calidad educativa se ve hoy más lejano. El Presidente de la República justificó el memorándum como el triunfo de la justicia sobre el derecho. Lo que queda en claro, sin embargo, es el fracaso de la política.
Consejero Electoral del INE
