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En un país con el 98 por ciento de impunidad de los casos denunciados, con jueces que presumen en las redes sociales su alto nivel de vida, con juzgadores involucrados en desfalcos y despojos como en el caso de Nayarit, donde se hacían juicios espejo para despojar de sus viviendas a familias usuarias del Infonavit. ¿Cómo confiar en los jueces y magistrados que han colocado a sus familiares en los juzgados, que practican un nepotismo que hasta Trump lo envidiaría? Por todo ello, es lógico que los niveles de aceptación del Poder Judicial son, después de la policía y los partidos políticos, de los más bajos del país.
Si a ello sumamos que el poder que ejercen, es un poder sin contrapesos y muy vinculado a los poderes ejecutivos en los estados, es lógico que se piense que en México hay una justicia a modo del que tiene dinero.
Hoy en día cualquier ciudadano mexicano tiene temor de llegar a los juzgados. Hay una idea preconcebida de que sólo puedes tener justicia si pones dinero por delante aunque seas inocente. Esto provoca que el Poder Judicial sea visto por los ciudadanos con aversión, escepticismo, desconfianza y hasta miedo. Por ello, la discusión que hemos visto en los últimos días, respecto al salario de los jueces y magistrados, encuentra un terreno fértil para la descalificación de los juzgadores. Altos salarios no han demostrado más eficacia en la impartición de justicia; rebasar el 90% de casos denunciados en total impunidad nos lleva a pensar que de nada sirve que los juzgadores tengan altos salarios si no hay resultados.
Sin embargo, una revisión más a fondo sobre el sistema judicial mexicano nos llevaría a descubrir que el número de juzgadores —es decir, jueces que tiene nuestro país—, está muy por debajo del promedio internacional, que es de ocho juzgadores por cada cien mil habitantes; nosotros apenas alcanzamos cuatro.
La discusión sobre los salarios de los juzgadores es falsa, porque el problema no son los sueldos sino el sistema en sí mismo, que debe ser revisado para garantizar dos cosas a las y los mexicanos: por un lado, un sistema judicial eficaz, con fácil acceso para todos y que garantice la impartición de justicia, y por otro, que sea totalmente autónomo y logre darnos un verdadero equilibrio entre los poderes de la Unión.
Como país nos urge un Poder Judicial fuerte y autónomo, pero sobre todo honesto y comprometido con hacer justicia. Por ello, sí es muy importante hacer reformas legislativas que garanticen su profesionalización, para que el acceso a la justicia mejore de manera sustantiva.
Un Poder Judicial fuerte y autónomo debe ser garantía del respeto a los derechos humanos, pero sobre todo del combate a la corrupción. Nuestro país requiere de juzgadores comprometidos con la justicia, no con el poder y es por ello fundamental su autonomía. No subordinado al Ejecutivo, pero tampoco confrontado, que sea el fiel de la balanza, para garantizar a las y los mexicanos, la justicia que siempre añoramos.
Esa autonomía y lineamientos propios no deben significar que sea un poder que se autoprotege en las corruptelas del uso indebido de los recursos y el nepotismo. Estos son temas en los que jueces y magistrados deben trabajar para recuperar la confianza ciudadana.
El asunto entonces es: la discusión no debería ser sobre los salarios de los jueces y magistrados sino sobre sus resultados, y ahí sí tenemos mucho que exigirle al Poder Judicial.
