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Descentralizar la administración pública federal a las regiones del país es una idea del presidente electo Andrés Manuel López Obrador que sí es tentadora, pero conlleva riesgos; entre ellos un oculto sesgo político.
Lo primero que tendríamos que hacer es limitar las expectativas sobre sus efectos bondadosos, porque definitivamente no es una opción que se vaya a resolver en el corto plazo, tenemos que iniciar una discusión razonable, hacer un balance de pros y contras.
Según su Proyecto de Nación 2018-2024, la mayor parte de esas instituciones se concentra en la Ciudad de México, donde está concentrado el 80 por ciento de los 3 millones de personas que laboran en 18 secretarías de Estado y 299 entidades de gobierno.
En la propuesta no se advierte un proceso de planeación, no conocemos una estrategia, tampoco hay un estimado de sus costos. Algo sí es cierto: no se puede liderar la administración pública ni gobernar un país por intuiciones, mucho menos con ocurrencias.
Por lo pronto la perla nos la dio el futuro secretario de Educación, Esteban Moctezuma, quien anuncia que se mudará a Puebla a despachar… ¡Solo! Y como para tranquilizar a los trabajadores les dice en un tuit:“(...) No se preocupen, no es una decisión que les vaya a cambiar la vida de una manera inminente, sino que es una planeación para que, en el tiempo, se vayan tomando decisiones inteligentes, eficientes y, sobre todo, que nos permitan hacer más con menos...”.
La apuesta de desmantelar el centralismo es tentadora, depende del cristal con que se mire: la medida, sumada a la designación de los delegados estatales superpoderosos, se plantea un nuevo equilibrio político, la red de penetración política de López Obrador disputará los liderazgos locales de los gobernadores. López Obrador ya tiene el control del Congreso de la Unión, mayoría de Congresos locales y va por acotar a los gobernadores.
No se trata entonces de transitar hacia un auténtico federalismo, ni siquiera una reforma del Estado; mas bien se puede prever una extensión del poder presidencialista a las regiones del país. Una ecuación que significaría un retroceso democrático.
La idea no es nueva, a raíz de los sismos del 19 de septiembre de 1985 el ex presidente Miguel de la Madrid hizo un esfuerzo por sacar las secretarías de Estado del entonces Distrito Federal. Los resultados fueron magros, lo logró con el Inegi, una dependencia de mediano calado y que pertenecía a la Secretaría de Programación y Presupuesto, proceso que para lograr su traslado a Aguascalientes requirió de cuatro años. Otros ejemplos son el Conalep, que trasladó sus oficinas centrales a Metepec, Estado de México, y el extinto Inmecafé que se fue a Xalapa.
Descentralizar presenta complejidades que se deben resolver: la anunciada reducción salarial, y el cambio de adscripción de los funcionarios parece una ecuación que no cuadra. Puede implicar despidos, indemnización y desde ya genera incertidumbre en los trabajadores, implica retos logísticos importantes.
Otro de los temas a reflexionar es si realmente se ayudaría al desarrollo regional o más bien enfatizaría las diferencias del país. Por ejemplo, la secretarías productivas en el Norte, Agricultura, Economía, del Trabajo y las de pobreza en el sur.
Pero tener un país de primera es una tarea que no se resolverá en seis años, mucho menos si dejamos en las manos de una sola persona el presente y el futuro de México.
Ex secretaria general del PRD
