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A dos años de la aprobación de las leyes que dieron vida al Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), es oportuno reflexionar sobre los retos pendientes de dicho entramado interinstitucional.
Uno de ellos es la elaboración de la Política Nacional Anticorrupción (PNA), la cual articulará las estrategias y mecanismos en el combate a la corrupción. Por ello, ésta deberá comprender a la corrupción como un fenómeno de múltiples causas y consecuencias, con el fin de estructurar acciones específicas para combatirla.
La aprobación, diseño y promoción de la PNA es responsabilidad del órgano encargado de la eficacia del Sistema: el Comité Coordinador. Por su parte, al Comité de Participación Ciudadana del SNA le corresponde emitir opiniones, así como proponer indicadores y metodologías para la medición y seguimiento tanto de la corrupción como del cumplimiento de metas y objetivos establecidos.
En este tenor, el 3 de julio de 2017, el Comité Coordinador aprobó que se llevara a cabo una consulta pública para la elaboración de la PNA, con el propósito de conocer las inquietudes y perspectivas de académicos, especialistas y de la ciudadanía en general. Asimismo, el Comité de Participación Ciudadana se hizo acompañar de la Red por la Rendición de Cuentas (RRC) para elaborar una propuesta de la Política, misma que fue entregada el pasado 18 de junio a dicho Comité.
Por otro lado, a principios de 2018, la Secretaría de la Función Pública (SFP) presentó al Comité Coordinador, tres documentos con la intención de que fungieran como insumos para la multicitada Política. El primero establece la perspectiva de política pública para la designación de titulares de órganos internos de control; el segundo, contiene las bases mínimas a considerar en las estrategias de capacitación del servicio público, y el último presenta la visión de la SFP sobre la Plataforma Digital Nacional, pieza clave del SNA.
Además, la SFP participó en las sesiones del grupo de trabajo encargado de analizar las bases y fundamentos de la PNA; en las que hicimos énfasis en que la PNA debía incluir la fiscalización transversal de los recursos públicos.
Así, el pasado 23 de mayo, entregamos a la presidenta del Comité de Participación Ciudadana, observaciones a la propuesta de la PNA realizada por la RRC y un insumo adicional, que partió de un diagnóstico minucioso. En éste se identificaron tres de las causas principales de la corrupción: i) la normalización de este fenómeno; ii) la ineficiencia e ineficacia en el funcionamiento de las instituciones públicas, y iii) los altos índices de impunidad alinean los incentivos para cometer actos de corrupción. En razón de ello, deben reforzarse los mecanismos institucionales para su combate y que, a su vez, signifiquen costos reales para quienes incurran en actos de corrupción.
Con base en tales hallazgos, la SFP propuso cuatro ejes transversales: la profesionalización de las y los servidores públicos de tal forma que su preparación equivalga a la altura de su encomienda; integrar el uso de las tecnologías de la información para la captura, almacenamiento y análisis de información que coadyuve a combatir la corrupción; incorporar una visión de Derechos Humanos que responda a los más altos estándares internacionales en la materia, y por último, la promoción de la integridad como principio esencial para el servicio público.
La aprobación de la Política Nacional Anticorrupción es prioridad para quienes conformamos el SNA. Nuestro objetivo es ofrecer a la sociedad mexicana un instrumento capaz de atacar la magnitud del problema que nos afecta a todas y todos.
Secretaria de la Función Pública
